Francisco Camps, un calvario judicial que empezó "por cuatro trajes"

Madrid

La justicia acorrala de nuevo a Francisco Camps, el exdirigente del PP que fue presidente de la Comunidad Valenciana con tres mayorías absolutas consecutivas entre 2003 y 2011. Gobernó en una etapa que se ha convertido ya en símbolo de la corrupción institucional. La mayoría de quienes formaron parte de su Gobierno están imputados por delitos de corrupción; la mayoría de quienes dirigieron el PP valenciano junto a él están imputados por idéntica causa.

Camps se ha librado hasta hoy de todas las causas abiertas en distintos tribunales a sus compañeros de Gobierno y de partido, y salió absuelto en el caso de los trajes, una derivada del caso Gürtel, por el voto de cinco jurados populares frente a cuatro. Y eso que otros dos acusados, Rafael Betoret y Víctor Campos, reconocieron el delito.

El juez y el fiscal vieron indicios suficientes de un delito de cohecho impropio en el hecho de que Camps hubiera aceptado doce trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas como supuestos regalos de la trama Gúrtel. Las empresas de Francisco Correa recibieron decenas de contratos a dedo del Gobierno valenciano que él mismo presidía. El delegado de la trama corrupta en Valencia, Álvaro Pérez, 'el bigotes', es un amigo especial del presidente valenciano.

Aunque el jurado popular le consideró inocente, aquella causa acabó con su carrera política. Sólo tres meses después de ganar sus terceras elecciones autonómicas consecutivas por mayoría absoluta, abandonó el cargo tras ser procesado. Lo hizo como un sacrificio por Mariano Rajoy y por España.

La gestión de Francisco Camps al frente de la Comunidad Valenciana está llena de sobresaltos. Hay un proceso abierto por financiación ilegal del PP valenciano a través de empresas contratistas, que pagaban los mítines a través de la red Gürtel en las elecciones de 2007 y 2008. El número dos del Gobierno de Camps, y el número dos de su partido están procesados por esta causa, además de los empresarios que financiaron ilegalmente a la formación conservadora y la cúpula de la red Gürtel.

Hay otro proceso abierto por el robo de dinero público perpetrado con motivo de la visita del Papa a la Comunidad Valenciana. 24 personas han sido procesadas por ocho delitos en relación con este caso, entre ellos quien fue presidente del parlamento valenciano y consejero de Camps, Juan Cotino.

De los 7 millones de euros que pagó la televisión pública valenciana a una empresa encargada del montaje de vídeos y altavoces por el recorrido, empresa que en realidad sólo sabía construir carreteras y que era una tapadera de la red Gürtel, tres acabaron en los bolsillos de Correa y sus amigos.

Ahora Francisco Camps se enfrenta a una investigación relacionada con la contratación de obras públicas por parte de la Comunidad Valenciana para construir colegios e institutos. La investigación ha detectado un agujero de más de 1.000 millones de euros en estos proyectos. Una parte sirvió para financiar a las organizaciones territoriales del PP en Castellón, Alicante y Valencia. También aquí, Camps niega su conocimiento o participación en unos hechos que apuntan también a una buena parte de su Gobierno. Incluso se atreve a pedir a un periodista de la Cadena SER que le revele sus fuentes.

Más de 100 personas, una parte importante dirigentes y exdirigentes del PP, están imputados en estas causas de corrupción. Camps sigue indemne, aunque la última investigación abierta por la adjudicación de obra pública para colegios e institutos le señala como conocedor y controlador de un sistema de corrupción masiva para financiar a su partido.

Y el horizonte judicial de quien fuera considerado el sucesor de Mariano Rajoy no acaba aquí. El Tribunal de Justicia de Valencia le libró del 'Caso Nóos' pero la fiscalía pide que se le interrogue en calidad de investigado por el negocio de la Fórmula 1.

En Baleares, el fiscal, Pedro Horrach, y el juez, José Castro, apreciaron indicios de delito contra Camps por los contratos con Iñaki Urdangarin en Valencia. Castro elevó una exposición razonada pero el Tribunal de Justicia de Valencia rechazó abrir una investigación contra el expresident que sí que tuvo que declarar como testigo en el juicio que sentó a la infanta en el banquillo.

No ha tenido la misma suerte en el caso de la Fórmula 1. La fiscalía le atribuye los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación por la organización del gran premio urbano entre los años 2008 y 2012.