El Poder Judicial propone especializar un juzgado en cada provincia para atender las demandas sobre cláusulas suelo

Madrid

El Poder Judicial ha puesto en marcha su propio plan para hacer frente a la previsible avalancha de demandas tras la sentencia de la justicia europea sobre cláusulas suelo: la Comisión Permanente ha acordado proponer la especialización de un juzgado en cada provincia española para hacerse cargo de estas demandas. 

La idea del CGPJ es que el plan entre en vigor el próximo mes de junio, aunque antes tendrá que celebrar diversas reuniones con los distintos Tribunales Superiores de Justicia y jueces decanos, responsables directos de los juzgados afectados por esta medida. La idea es que este juzgado de primera instancia se dedique de manera exclusiva a atender estas demandas sobre cláusulas suelo en hipotecas: se realizará en los juzgados que se presenten voluntarios, y si no en el que tenga menor carga de trabajo de la provincia. 

Además de la especialización del juzgado, la propuesta del Poder Judicial incluye también el refuerzo: uno o varios jueces de adscripción territorial con formación específica, además de medios materiales, letrados judiciales y funcionarios. 

Una estimación de 4.200 millones

El pasado mes de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llevaba la contraria al Tribunal Supremo y ordenaba que los consumidores que tuviesen una cláusula suelo en su hipoteca recuperasen todo el dinero perdido, y no sólo desde 2013 como estableció la Justicia española. El banco de España calculó en un primer momento una cantidad de 4.200 millones que los bancos tendrían que devolver a los consumidores afectados. 

A finales de enero, el Consejo de Ministros puso encima de la mesa su propuesta para la solución extrajudicial de las reclamaciones: daba un plazo de tres meses a los bancos para devolver el dinero, método con el que las entidades se ahorrarían los intereses y costas de una hipotética condena judicial. El pasado mes de enero, por ejemplo, Bankia anunció la puesta en marcha de un procedimiento exprés para devolver todo el dinero. 

El Consejo General del Poder Judicial explica que, al margen de esta medida puesta en marcha por el ejecutivo central, los juzgados podrían verse saturados: "Puede producirse un importante incremento de demandas derivados de la sentencia del TJUE, que se unirían a las que ya se tramitan en los Juzgados de Primera Instancia", vaticinando que "un reparto masivo de este tipo de litigios a todos los órganos judiciales podría llegar a comprometer la capacidad de éstos para dar salida al resto de los asuntos".