Tribunales
Caso La Manada

Asociaciones de jueces y fiscales piden de forma unánime la dimisión de Catalá

Tras sus palabras sobre el magistrado discrepante del caso de La Manada, las siete asociaciones judiciales y fiscales exigen de forma unánime la dimisión del Ministro de Justicia calificando sus palabras de "temeridad"

Rafael Catalá presencia la final del Trofeo Conde de Godó / Alejandro Garcia (EFE)

Las siete asociaciones de jueces y fiscales se han puesto de acuerdo para exigir la dimisión de Rafael Catalá tras sus declaraciones sobre el magistrado discrepante de la sentencia del caso de La Manada: entienden que sus insinuaciones sobre el magistrado son "una temeridad" y que el colocar la pelota en el tejado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es una "intromisión" en su labor.

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En una entrevista emitida esta mañana con la cadena COPE, el titular de la cartera de Justicia ha asegurado sobre el magistrado Ricardo Javier González que "todo el mundo sabe que tiene problemas" y que "esas consideraciones justifican que el Consejo del Poder Judicial pueda hacer alguna acción de evaluación de estos hechos”.

LAS SIETE ASOCIACIONES

Asociación Profesional de la Magistratura Juezas y Juces por la Democracia Asociación Judicial Francisco de Vitoria Foro Judicial Independiente Asociación de Fiscales Unión Progresista de Fiscales Asociación Profesional e Independiente de Fiscales

Las siete principales asociaciones de jueces y fiscales han decidido emitir un comunicado conjunto criticando las palabras del ministro y solicitando "una vez más" su dimisión, recordando además que su reprobación "ya fue demandada por otros poderes del Estado, como es el Legislativo".

Un "verdadero peligro"

Las asociaciones acusan a Catalá de procurar una "intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al CGPJ", añadiendo que "los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad".

El comunicado explica que "hoy es por el juicio de “la Manada” pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del Ministro o de su Gobierno" y esto, para las asociaciones, "es el verdadero peligro: la utilización de la resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un Poder del Estado, esto es, respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones".

 
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