El procés, a las puertas de juicio: ocho meses de investigación a trompicones
El magistrado Pablo Llarena concluye la investigación y deja a casi 20 acusados a las puertas de juicio: ahora será la Fiscalía la que lleve la batuta y decida si sigue acusando por rebelión a cabecillas del procés como Junqueras, Forn o los Jordis
Manifestante a favor de los imputados en la Audiencia en octubre de 2017 / Alberto Pozas
Madrid
Ocho meses y unos pocos días después del pistoletazo de salida, el juez Pablo Llarena ha dado por concluida la investigación contra el procés unilateral independentista con nueve encarcelados, siete fugados y seis políticos catalanes inhabilitados. El magistrado instructor deja la causa en manos de sus compañeros de la sala de lo penal con la incógnita de si el Tribunal Supremo terminará avalando en sentencia una acusación por rebelión que puede acarrear hasta tres décadas de presidio.
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Llarena, considerado como juez de perfil bajo y moderadamente conservador hasta que se hizo cargo de este caso, ha llevado las riendas de una investigación que aún a día de hoy amenaza con naufragar en aguas internacionales y que fía su éxito a elementos que requerían pocas pesquisas: la hoja de ruta independentista, la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre y los disturbios del 20 de septiembre y el 1 de octubre.
Hasta la fecha, a ojos tanto del juez como de la sala de apelaciones que ha supervisado el proceso, los acusados no han conseguido combatir la interpretación que los investigadores hacen de varias pruebas tozudas que, según su criterio, cimentan la acusación: el 'Libro Blanco' y el documento #EnfoCATs en los que dejaron por escrito su hoja de ruta, la agenda en la que Josep María Jové levantó acta de cada reunión que mantenían y testimonios como el del coronel Diego Pérez de los Cobos describiendo la pasividad de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum ilegal y los disturbios.
Carles Puigdemont ofrece una rueda de prensa en Berlín / DPA - Archivo
Ahora será la Fiscalía la que lleve la voz cantante a la hora de acusar de cara al juicio, y por tanto de determinar si mantiene una acusación por rebelión que ha defendido desde que interpuso las dos querellas que dieron origen a esta causa. Las defensas de los acusados niegan que estén manteniendo contactos con la Fiscalía en busca de un pacto que rebaje las perspectivas de pasar varias décadas entre rejas.
La clave: la violencia
La acusación por rebelión ha sido el faro que ha guiado toda la instrucción desarrollada a lo largo de ocho meses, y la violencia que según el juez se desplegó en las calles de Catalunya con el beneplácito de la cúpula independentista. Tanto para el juez como para la Fiscalía sólo las imágenes del 20 y 21 de septiembre y del 1 de octubre son suficientes para cimentar este aspecto fundamental del delito de rebelión, con un añadido: la declaración del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que coordinaba los operativos de seguridad, afirmando que los Mossos tenían órdenes de hacer la vista gorda tanto con los disturbios como con la organización del referéndum ilegal.
Manifestantes piden la liberación de los encarcelados frente al Supremo / Alberto Pozas
Ni las reiteradas apelaciones a la paz, al diálogo e incluso al fervor religioso de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Joaquim Forn han hecho cambiar de criterio al juez o a la sala de apelaciones. Hasta el momento, la Fiscalía se ha pronunciado a favor de mantener las acusaciones por rebelión al declarar probado que el Govern de Puigdemont instrumentalizó esta violencia para sus objetivos políticos, y sólo un cambio radical de criterio les llevaría a calificar por una versión rebajada del delito.
Naufragio internacional
El primer juicio, todavía sin fecha y sin auto de apertura de juicio oral, tendrá a 18 de los acusados en el banquillo: nueve acusados de rebelión y otros nueve de desobediencia. La estrategia del resto de la cúpula del procés de fugarse a Bélgica, Alemania, Suiza y Escocia por ahora ha conseguido que el juez tenga que partir la causa por la mitad y conformarse con juzgar primero a Junqueras, los 'Jordis', varios exconsellers, la Mesa del Parlament y la segunda fila del independentismo unilateral.
Chapa con el rostro de Junqueras en el abrigo de Gabriel Rufián (ERC) / Alberto Pozas
A día de hoy, y tras varias marchas atrás con las órdenes internacionales de detención, Pablo Llarena no tiene asegurada la entrega de ninguno de los fugados en los términos que considera adecuados: ni Alemania ni Bélgica ni Suiza ni Escocia se han pronunciado por ahora de forma definitiva, y las pocas decisiones tomadas apuntan a que la acusación por rebelión podría quedar cercenada más allá de los Pirineos.
