La Fiscalía anuncia que recurrirá ante el Supremo la absolución del doctor Vela
Anuncia la interposición de recurso ante el Tribunal Supremo como ya hizo ayer la defensa de Madrigal
Pidió once años de cárcel para el doctor Vela durante el juicio por tres delitos
Madrid
La Fiscalía llevará el caso del doctor Vela ante el Tribunal Supremo. El Ministerio Público ha anunciado que recurrirá ante el alto tribunal la absolución del doctor Eduardo Vela por parte de la Audiencia Provincial de Madrid por prescripción. La defensa de la denunciante, Inés Madrigal, también anunció ayer que recurriría el fallo.
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La sección séptima de la Audiencia de Madrid decidió ayer absolver al doctor Eduardo Vela declarándole máximo responsable de la entrega ilegal de Inés Madrigal en 1969 en el sanatorio San Ramón, pero entendiendo que los hechos prescribieron en 1997 y que la denuncia por tanto se interpuso una década tarde.
En un comunicado, la Fiscalía anuncia que precisamente pedirá a la sala de lo penal del Supremo que revise esta prescripción: desde 2012, el Ministerio Público entiende que el plazo de diez años debe empezar a contar desde que la víctima tiene conocimiento de su posible condición de niño robado, y no desde que cumple la mayoría de edad.
La sentencia hecha pública ayer constituye la primera resolución judicial dictada por un tribunal español en torno al robo de bebés en nuestro país, y la primera que reconoce a una mujer como bebé robada aunque decida absolver al responsable. La Fiscalía llegó a pedir once años de cárcel para Eduardo Vela, atribuyéndole delitos de detención ilegal, falsedad documental y suposición de parto.
Falsedad o secuestro
El centro del debate sobre la prescripción radica, en primer lugar, sobre qué delito es la referencia para calcular esta fecha de caducidad: tanto la Fiscalía como la sección segunda de la Audiencia Provincial entendieron en un primer momento que debía ser el delito de falsedad - por haber falsificado Vela el acta del parto de Inés Madrigal - cuyos efectos siguen vigentes y que por tanto no habría prescrito. Ayer la sección séptima dictó sentencia explicando que la referencia es el delito más grave, el de detención ilegal, que prescribe a los diez años.
La segunda parte del debate, que reconocía la propia sentencia, gira en torno a la fecha exacta: tanto la Fiscalía como la acusación entienden que el plazo debe empezar a correr en 2010, cuando Inés Madrigal afirma haber empezado a sospechar que era una niña robada. La Audiencia, sin embargo, establece el plazo máximo en 1997, diez años después de haber cumplido la mayoría de edad.