Sànchez y Cuixart: un año en prisión acusados de buscar una "explosión violenta"
Los dos líderes independentistas cumplen un año en prisión por supuestamente liderar la rebelión en las calles
Llarena les acusa de "impulsar una masa de fuerza" el 1-O para hacer frente a la Policía
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart acuden a declarar a la Audiencia Nacional / Europa Press - Archivo (EUROPA PRESS)
Madrid
"La actuación de ambos investigados, apelando a la resistencia, estaba orientada a impedir la aplicación de la Ley". Hace un año, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela enviaba a prisión sin fianza a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, acusándoles de espolear a decenas de miles de catalanes a enfrentarse a la Policía y la Guardia Civil, impedir registros judiciales y garantizar las votaciones del 1-O.
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Un año después, ni el diputado suspendido de JxCat ni el líder de Òmnium Cultural están más cerca de la libertad: procesados en firme por rebelión por el Tribunal Supremo, el caso se encuentra ya a las puertas de juicio y en el alto tribunal no tienen intención de aligerar las medidas cautelares que pesan sobre ellos.
Su caso arrancó en la Audiencia Nacional pero rápidamente pasó a manos del juez Llarena en el Tribunal Supremo. Hace un año, la jueza Carmen Lamela les acusaba de ponerse al frente de las movilizaciones ciudadanas que, entre otras cosas, impidieron los registros judiciales en la Consellería de Economía en Barcelona, pilar maestro de la acusación por rebelión. Su actuación tuvo por objetivo último "asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España".
Menos de un mes después, el cuatro de diciembre, el juez Llarena decidía mantenerles en prisión provisional acusándoles de formar parte del 'Comité Estratégico' del procés, de "dirigir las movilizaciones" sabiendo que podían tornarse violentas y ante el temor de que "puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad". En su auto de procesamiento, cuatro meses y medio más tarde, Llarena aseguró que ambos "impulsaron una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir la votación, retirar el material electoral y alcanzar el recuento el día 1-O".
"El ADN" de ANC
Frente a estas acusaciones, tanto Sànchez como Cuixart han desplegado siempre la misma estrategia de defensa: negar haber promovido concentraciones violentas, negar haber intentado impedir los registros judiciales y no haber destrozado los coches de la Guardia Civil. Las manifestaciones, según explicó Sànchez ante el juez el pasado mes de enero, fueron "espectaculares pero siempre cívicas, siempre pacíficas, ese ha sido el ADN de la ANC".
Los dos fueron muy explícitos a la hora de negar los cargos. "Era un acto de protesta que en ningún caso buscaba sedición ni rebeldía", dijo Sànchez al juez explicando las protestas convocadas el 21 de septiembre. "En ningún lugar estamos diciendo que la gente se enfrente a la Guardia Civil", añadió Cuixart.
Los líderes independentistas también han buscado combatir una de las fotos más icónicas de esa jornada, subidos con un megáfono a un coche destrozado de la Guardia Civil. Ante el juez, en enero, abogaron por culpar a la prensa de los daños: "Fueron no manifestantes, sino profesionales de la prensa que decidieron ocupar posiciones sobre los vehículos para tomar instantáneas", dijo Sànchez, añadiendo Cuixart que "cuando llegamos por la mañana al sitio la prensa ya estaba encima de los coches".
Horizonte judicial
Primero en Soto del Real y ahora en Lledoners, los 'Jordis' esperan la apertura de juicio oral con la incógnita de cuántos años de cárcel pedirá la Fiscalía para ellos: tal y como adelantó la Cadena SER este fin de semana, la intención del Ministerio Público es acusar de rebelión a los nueve encarcelados, aunque ciñéndose al abanico más bajo de penas previstas para los líderes de una rebelión, que arranca en los quince años de cárcel.
Manifestante en la Audiencia Nacional el día en que fueron encarcelados / Alberto Pozas
En su caso el procesamiento se dirige únicamente por el delito de rebelión, al no ostentar en ese momento ningún cargo en el Govern de Carles Puigdemont y no pudiendo por tanto ser acusados de malversación de caudales públicos.
