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Justicia exige a 656 Ayuntamientos que retiren los vestigios del franquismo

La Dirección General para la Memoria Histórica calcula que todavía hay 1.171 calles y plazas españolas con vinculación a la dictadura y ha pedido además a los gobiernos autonómicos que verifiquen la eliminación en sus territorios de elementos de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura

La edil de Cultura y Memoria Histórica, Dolores Padilla (i), en el cambio de la primera de 36 calles que han de sustituir a las vías franquistas, en una imagen de septiembre de 2018. /

El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Memoria Histórica, ha solicitado a 656 Ayuntamientos españoles que eliminen los vestigios del franquismo que todavía puedan quedar en espacios públicos de sus respectivos municipios, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de la Memoria Histórica.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha detectado que destacadas figuras del franquismo dan nombre todavía a 1.171 calles y plazas españolas repartidas entre más de 637 municipios. A ese censo, la Dirección General de Memoria Histórica ha incorporado otros 19 Ayuntamientos en los que pudieran quedar otros vestigios de exaltación de la Guerra Civil u homenaje al franquismo.

Estos gobiernos municipales han recibido una carta del director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez López, quien solicita certificación sobre “la no existencia de simbología de exaltación en su municipio” y, en caso de que la hubiera, “proceda a dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica, elaborando el catálogo de vestigios municipal, con su inmediata retirada de los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura”.

Justicia recuerda que el Tribunal Supremo estableció del 7 de junio de 2013 que “el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica impone a todas las Administraciones Públicas adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la retirada de aquellos monumentos conmemorativos que supongan una exaltación de la Guerra Civil, con el objeto de dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978”.

La ley establece además que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”.

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