Las defensas cargan contra el tribunal: "Cuatro de los magistrados están contaminados"

Los doce líderes independentistas se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo en la primera sesión del juicio contra el procés independentista, escuchando las cuestiones previas repartidos en cuatro filas: a un lado sus abogados, al otro las acusaciones y enfrente los seis jueces y la jueza que dirigen el proceso. En el Tribunal Supremo estiman que al menos los dos primeros días serán acaparados con las cuestiones previas, correspondiendo aproximadamente 45 minutos a cada abogado por cada uno de sus defendidos. Los nueve encarcelados eran trasladados a primera hora de la mañana desde las cárceles de Soto del Real y Alcalá de Henares al Tribunal Supremo a través de la puerta de carruajes, y llevados al salón de plenos después de comparecer brevemente ante el médico. Mientras tanto, el president Quim Torra mantenía un encuentro protocolario con el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, acompañados por el conseller Damià Calvet, el delegado Ferrán Mascarell y el vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes. El juicio ha arrancado con las cuestiones previas. Tanto Andreu van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, como también el abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, Jordi Pina, han insistido en pedir la testifical de Carles Puigdemont, rchazada por el Supremo. «La cantidad de prueba es suficiente, no la calidad», ha dicho Van den Eynde, para después decir que la causa «ha vulnerado todos los derechos de la Constitución». Pina ha manifestado que «cualquier persona es incapaz de comprender por qué no va a escucharse a Carles Puigdemont». Van den Eynde también ha denunciado la vulneración de los derechos políticos tanto de Oriol Junqueras como del resto de procesados y de sus votantes: el abogado de Junqueras acusa a la Fiscalía de «coger el diccionario militar» para describir los incidentes que se enjuician y cree que la causa ha supuesto una «derogación absoluta de los derechos políticos» de los acusados y sus votantes y que «la causa no puede impedir que se debata en un parlamento». Van den Eynde ha glosado todas las vulneraciones de derechos fundamentales que achaca a esta causa: «Esta causa impide el desarrollo de una ideología legítima», ha dicho, añadiendo también que «esta causa atenta contra el derecho a protesta». El letrado ha definido como «vodevil procesal» el hecho de que otros juzgados y tribunales también investiguen diversos aspectos de la organización del referéndum ilegal del 1-O, el letrado ha asegurado que este juicio procede de una «causa general y prospectiva contra el independentismo catalán, la causa madre», refiriéndose al juzgado 13 de Barcelona y su propia investigación. Unas denuncias de politización del proceso judicial que chocan con lo afirmado minutos después por el abogado Xavier Melero, letrado del exconseller de Interior Joaquim Forn: «Este es un juicio penal, nada más y nada menos», pidiendo que no sean tratados de forma diferente por ser políticos. La Fiscalía pide 16 años de cárcel para él, acusándole de poner a los Mossos dEsquadra al servicio de la celebración del referéndum: Melero ha reiterado su petición de que declare el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Jordi Pina, abogado de tres diputados suspendidos de JxCat - Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez - ha mostrado su negativa frontal a que el calendario del juicio deba ajustarse para evitar que se solape con la campaña electoral de las elecciones del próximo mes de mayo. «Nos tiene que dar igual si el día 26 de mayo hay unas elecciones o una final de la Champions», ha dicho. Tal y como han hecho los abogados en varias recusaciones, Pina ha vuelto a cuestionar tanto la imparcialidad del juez Llarena como la de cuatro de los jueces que forman parte del tribunal. «Ustedes no deberían poder juzgar estos hechos», ha dicho, reprochando a Marchena también su candidatura fallida a presidir el CGPJ: «Europa nos dice siempre que las apariencias son muy importantes», ha dejado caer. Son argumentos que el propio Supremo ha rechazado a la hora de enterrar las recusaciones presentadas. Benet Salellas, abogado del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha retomado el discurso después de la pausa para comer. «Este proceso penal se opone a la esencia propia del estado democrático, este juicio es una derrota colectiva de la sociedad española, no debe empezar de la forma en que está formulado», ha dicho, vaticinando una condena para España por parte de la Justicia europea si el Tribunal Supremo condena a los líderes independentistas en los términos que propone la Fiscalía. Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell, denuncia que «Se nos está aplicando un derecho penal de autor» por haber permitido que el resto de la Mesa del Parlament sea juzgada en Catalunya y no en el Tribunal Supremo. «Se la está juzgado por quien es, por su persona», ha dicho.

Las defensas cargan contra el tribunal: "Cuatro de los magistrados están contaminados"

Los acusados se sientan en el banquillo repartidos en cuatro filas

Varios acusados han reiterado sus peticiones de que declare Carles Puigdemont y el Rey Felipe VI

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