De las "explosiones violentas" de la Fiscalía a los "altercados" de la Abogacía del Estado

Madrid

¿Un “levantamiento salpicado de actos de violencia” o “actos de resistencia, disturbios y enfrentamientos”? El juicio contra el procés independentista arranca el próximo martes con la Fiscalía y la Abogacía del Estado llevando su acusación por caminos distintos: allí donde el Ministerio Público pide condenas de hasta 25 años de cárcel convencida de la comisión de un delito de rebelión, la Abogacía decidió a última hora pedir menos de la mitad de prisión y apostar por la sedición.

Los dos escritos de calificación describen dos procesos idénticos de desconexión de Catalunya con respecto del resto de España. Una estrategia “perfectamente planificada” según la Fiscalía que tuvo un “largo proceso de maduración” según la Abogacía y que, según ambas, arrancó a finales de 2012 apoyado en tres pilares maestros: el parlamentario, el político y el social.

Todo, según ambas acusaciones, arrancó el 19 de diciembre de 2012 con el ‘Acuerdo para la transición nacional’ firmado por CiU, ERC y asociaciones civiles, dejó por el camino leyes como la 10/2014 de Consultas Populares y entró en barrena a partir de 2015, cuando la Mesa del Parlament empezó a tramitar propuesta tras propuesta sabiendo que “incumplían su deber de inadmitir y paralizar” propuestas contrarias a las órdenes del Tribunal Constitucional.

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Según Fiscalía y Abogacía del Estado, once propuestas admitidas se convirtieron en claves de bóveda del procés, como la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad, dando paso finalmente a la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre. Mientras tanto, lo que ambas acusaciones definen como “ambiente crispado y hostil” se desataba el 20 de septiembre frente a la Consellería de Economía en Barcelona, los ‘Jordis’ llamaban a la movilización y el 1-O se celebró con el beneplácito del Govern.

Con hechos idénticos y consideraciones prácticamente calcadas entre ambos escritos, ¿qué lleva a la Fiscalía a acusar por rebelión y a la Abogacía por sedición? La violencia. Las dos acusaciones coinciden en acusar a los doce imputados de instrumentalizar las movilizaciones populares a favor de la causa independentista, pero difieren a la hora de analizar el componente violento, clave en el delito de rebelión: para la Fiscalía está claro que todos contaban con que la violencia podía llegar a desatarse en las calles de Catalunya, mientras que la Abogacía del Estado no menciona esa palabra ni una sola vez en cincuenta y siete páginas de razonamientos.

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¿Violencia o tumultos?

La diferencia se aprecia desde la primera página de ambos escritos. Para la Fiscalía en 2017 se produjo un “levantamiento generalizado” en Catalunya “salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia”: el 20 de septiembre hubo “violentos sucesos” y los líderes independentistas “aceptaron la deriva violenta que pudiera producirse en las movilizaciones”. Durante el referéndum ilegal del 1 de octubre se alentó a la movilización “para obligar al Estado a actuar mediante el uso de la fuerza”, valiéndose “de la población civil, aceptando” que todo pudiese acabar “con actos de violencia y agresión”.

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La existencia o no de violencia terminó llevándose la presencia de Edmundo Bal en el caso como representante de la Abogacía del Estado, y terminó con un escrito en el que la palabra “violencia” no figura. Las movilizaciones ciudadanas era un “instrumento de presión”, el 20 de septiembre hubo “incidentes de orden público” y el 1 de octubre se produjeron “actos de resistencia y desobediencia, tensión, disturbios y enfrentamientos”.

“Quien siembra vientos…”

“Quien siembra vientos, recoge tempestades”. Así se expresaba el fiscal Javier Zaragoza – uno de los cuatro que han participado en el caso – el cuatro de enero del año pasado, contestando a los recursos de apelación de varios acusados. “Quien como dirigente político moviliza a las masas para que acudan a votar, moviliza a las masas para proteger los centros electorales, por mucho pacifismo y mucho civismo que quiera demostrar lo cierto es que no es ajeno a los hechos”.

A lo largo de todo el proceso, los cuatro fiscales han defendido en sala la acusación por un delito de rebelión, así como también mantener a nueve de los investigados entre rejas. El mismo Zaragoza por ejemplo dijo ese mismo mes de enero que “los resultados del 21 de diciembre dibujan un panorama muy poco alentador, es previsible que los investigados asuman nuevamente responsabilidades públicas y estén en condiciones que aceptar actos ilegales”.

Vox: dos rebeliones

Esta diferencia de criterio afecta al núcleo duro de los acusados: Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Raül Romeva, sin discrepancias en cuanto a la acusación por desobediencia contra Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs. La tercera acusación llega de la mano del partido ultraderechista Vox, que en su escrito multiplica las peticiones de cárcel acusando de dos delitos de rebelión y otro más de organización criminal.

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Para Vox, todos los acusados siguieron una “estrategia golpista” formando parte de una “compleja y heterogénea organización” y poniendo en marcha “un mecanismo sofisticado y novedoso” de golpe, provocando “una situación de violencia ciudadana latente”. Su objetivo era “lanzar violentamente a las masas de ciudadanos catalanes independentistas” contra el Estado y, en el caso, de ANC y Òmnium, ejerciendo un “control sobre el violento levantamiento” y contando “con la pasividad de los Mossos d’Esquadra”. En su escrito de acusación las peticiones de cárcel van desde los 24 años de prisión de Borràs, Mundó y Vila hasta los 74 años que piden para Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Bassa y Rull.