Pacifismo y persecución política: así se defienden los líderes independentistas

Madrid

El juicio que arranca el próximo martes no sólo tendrá las acusaciones de Fiscalía y Abogacía del Estado encima de la mesa: los doce acusados han presentado sus propios escritos de defensa en los que desarrollan los argumentos con los que se han defendido ante el juez Pablo Llarena a lo largo de año y medio. La despenalización de los referéndums en 2005, la sentencia del Estatut o el precedente de la consulta el 9 de noviembre de 2014, entre las razones con las que pretenden convencer al Tribunal Supremo de que el procés fue independentista pero no delictivo.

Violencia… policial

Uno de los aspectos clave del juicio será demostrar si hubo o no hubo violencia suficiente en las calles catalanas como para considerar que se consumó el delito de rebelión, y también cómo participaron los acusados de esa violencia. Hasta el momento todos han argumentado que la violencia fue, en todo caso, cosa de la Policía y que ellos nunca llamaron a ese tipo de movilización. Según Jordi Sànchez, por ejemplo, el 1 de octubre hubo “ciudadanos indefensos y desarmados que, mientras estaban votando pacíficamente, fueron objeto de cargas policiales que en no pocas ocasiones fueron desproporcionadas”. Según Carme Forcadell “no hubo violencia por parte de la gente, a excepción de algún caso aislado”. Meritxell Borràs afirmó en diciembre de 2017 ante el juez que “si se han producido hechos violentos lógicamente los condeno, sean del tipo que sean”.

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Una idea que han repetido desde el primero de sus interrogatorios ante Llarena. El 20 de septiembre, según Jordi Sànchez, la mayoría de los 40.000 manifestantes protestaron “de forma cívica, pacífica, no queriendo obstaculizar ni agrediendo ni a Guardia Civil, ni Mossos ni a la comitiva judicial”. Según Jordi Turull “pedíamos a la gente que fuera a votar a otros sitios” para evitar encontronazos con la Policía.

Causa política

La vulneración de derechos fundamentales y políticos y las acusaciones de politización de la causa han sobrevolado escritos e interrogatorios desde el procesamiento de los líderes catalanes en marzo del año pasado. Para Oriol Junqueras y Raül Romeva este proceso supone una “generalizada violación de derechos humanos y fundamentales” en el que se aplica el “derecho penal del enemigo”, transformándose en una “causa política de persecución”. Jordi Cuixart considera directamente que éste es “un juicio a la libertad de expresión” y que se aplica el “derecho procesal de excepción”.

Consideraciones que a lo largo del último año han hecho también cara a cara ante el juez Llarena y la sala de apelaciones. “A partir del 23 de marzo usted me convierte en un preso político”, dijo Jordi Turull al juez Llarena diez días después de su segundo encarcelamiento. “Esta causa no es una causa individual, es una causa colectiva que limita derechos políticos y sociales y que busca castigar una opinión mayoritaria”, dijo Jordi Sànchez.

El antecedente del 9-N

Todas las defensas coinciden en achacar los disturbios del uno de octubre a la actuación policial y aseguran que no había manera de prever ningún tipo de violencia teniendo en cuenta los precedentes: la consulta soberanista del nueve de noviembre de 2014. “Sería una réplica del 9-N, no parecía razonable ni previsible”, la violencia dice por ejemplo Jordi Turull en su escrito. El 9-N era, para Mertixell Boràs, “el antecedente más próximo y similar”, y para Joaquim Forn “las previsiones técnicas apuntaban a que sería de carácter pacífico (…) se esperaba una celebración masiva, con antecedente en la votación de la consulta participativa del 9-N”.

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De esta manera, los acusados buscan combatir la afirmación de las acusaciones según la cual un posible estallido violento era una variable en sus quinielas. El 9-N “no hubo ninguna dificultad, ninguna expresión de violencia, ninguna represión policial”, explicó Josep Rull en abril del año pasado. Forcadell explicó que “teníamos el precedente del 9-N, había sido una jornada cívica, lúdica, familiar y absolutamente pacífica, de ninguna manera nos lo podíamos imaginar”. Mertixell Borràs afirmó que “yo me imaginaba la misma actuación de lo que pasó el nueve de noviembre, con una carga simbólica superior, pero en la misma línea”. “La actitud que la ciudadanía tuvo el 1-O tiene todos los paralelismos con el 9-N”, dijo Sànchez.

Ni un euro público

Nueve de los doce acusados formaban parte del Govern de Carles Puigdemont y son acusados no sólo de rebelión o desobediencia sino también de malversación de caudales públicos por, supuestamente, sacar dinero de las arcas de la Generalitat para celebrar el referéndum ilegal. Todos lo niegan: “Estamos absolutamente convencidos de que en ningún caso gastamos ni un solo euro de la administración pública a la hora de organizar el 1 de octubre”, dijo Santi Vila ante el juez en mayo del año pasado. “No hay ni un euro de las arcas públicas en el referéndum”, dijo Dolors Bassa.

Todos los que entonces formaban parte del Govern defienden que no gastaron dinero público, y Carme Forcadell – la única que formaba parte de la Mesa del Parlament – que no tuvo ni voz ni voto en las once resoluciones de carácter soberanista que firmó la cámara catalana. Acusa al Tribunal Constitucional de “prohibir el debate parlamentario” y asegura que la presidenta del Parlament “no somete a aprobación la legislación”, sino que “el contenido y forma de cualquier iniciativa legislativa corresponde únicamente a los grupos parlamentarios”. En su declaración del pasado mes de abril afirmó que “lo único que hace la Mesa es admitir a trámite todos los documentos y sólo mirar la forma, es un único filtro formal”.

La DUI y el referéndum

Ninguno de los acusados ha negado lo obvio: el Parlament tramitó y aprobó una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) el 27 de octubre de 2017, pero todos niegan que tuviese efectos más allá de lo meramente declarativo. “Decidieron no desplegar efecto alguno de la Declaración y persistir en la búsqueda de espacios de negociación política”, afirman en su escrito por ejemplo Junqueras y Romeva. “Nunca pretendimos declarar unilateralmente la independencia, era una forma más de pretender el diálogo, como siempre”, dijo Dolors Bassa en abril. Para el fiscal Javier Zaragoza, si la DUI no tuvo efectos reales fue “por la reacción del Estado”.

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Otro de los argumentos más repetidos en escritos y declaraciones es que la celebración de un referéndum quedó fuera de los márgenes del Código Penal tras su reforma de 2005. Turull, por ejemplo, “conocía perfectamente que convocar y participar en la organización de un referéndum sin disponer de competencias había sido expresamente despenalizado en el año 2005”. “Convocar un referéndum no es delito, pero cuando el Constitucional ha requerido a no llevar a cabo acciones eso se llama desobediencia”, contestó el fiscal en junio.

Enfocats, Libro Blanco y hoja de ruta

Los documentos que para las acusaciones constituyen el mapa del tesoro independentista apenas tienen relevancia para las defensas. Todos los acusados que se refieren a ellas lo hacen para rebajar su importancia en el procés. El Libro Blanco, según Jordi Turull, “no es un manual, es un documento de dimensión prospectiva”, o un “documento de naturaleza académica, no un manual de instrucciones” para Jordi Sànchez. Sobre el documento ‘#EnfoCATs’ encontrado por la Guardia Civil en casa de Josep María Llové, algunos como Forcadell dicen que “desconocía absolutamente su existencia” y la ‘hoja de ruta’ firmada en marzo de 2015 “no fue puesta en práctica” tras la moción de confianza superada por Carles Puigdemont en septiembre de 2016.

“En absoluto conozco Enfocats, no conozco ese documento”, dijo Raül Romeva al juez en abril de 2018. Un día después era Carme Forcadell la que explicaba al Supremo que “la hoja de ruta no se cumplió porque hubo cambios” y según Josep Rull ese documento “queda superado y descartado y el president Puigdemont, en una decisión personalísima, dice que vamos a dejar a un lado el programa electoral y esta hoja de ruta: referéndum o referéndum”. Además, recuerdan en sus recursos, “jamás fueron impugnados” ante la Justicia.

28 de junio de 2010

Si el relato de las acusaciones arranca en 2012 con el Acuerdo para la Transición Nacional del bloque independentista, el de la mayoría de las defensas lo hace dos años antes, el 28 de junio de 2010, y no en Catalunya sino en Madrid. Ese día el Tribunal Constitucional dictó la sentencia que tumbó parte del Estatut autonómico y ese fue el catalizador, según su versión, de todo el proceso político y social que vino después. La sentencia del Estatut, según el escrito de Jordi Turull, “mutiló su texto” y causó “un profundo descontento” en Catalunya. Para Carme Forcadell, ese día los catalanes vivieron “la liquidación de sus legítimas aspiraciones” y según Raül Romeva y Oriol Junqueras el texto resultante “no fue aceptado por la población de Catalunya como legítimo y se produjo una frustración evidente”. A partir de ahí, Turull define como “portazo” la respuesta del gobierno central a negociar.

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Es una idea que los acusados han desarrollado en sus interrogatorios. Por ejemplo, fue el exconseller Josep Rull el que afirmó en abril del año pasado que “aquella sentencia decía muchas cosas, pero básicamente dos: si ustedes catalanes se sienten nación, esta no es su Constitución. Si se sienten nación el Estado español no es su Estado. Este es el mensaje clarísimo que se ponía encima de la mesa”. Ese mismo día, Romeva, afirmó que esa sentencia hizo que incluso los políticos no independentistas “entendiéramos que teníamos que por lo menos atender al clamor mayoritario pacíficamente expresado por la ciudadanía en Catalunya”.