El Supremo tiene la última palabra sobre el futuro del cadáver del dictador

Madrid

La familia Franco ha ido recurriendo todos los actos administrativos acordados por el gabinete Sánchez y está en manos de los jueces decidir si se paraliza esta exhumación como lo han solicitado los herederos de Franco y volverán a hacer la próxima semana después de que se publique el acuerdo de hoy del Consejo de Ministros sobre la exhumación y posterior enterramiento en Mingorrubio, en los bosques de El Pardo.

Esta sala del Supremo ya ha admitido el recurso presentado por los herederos de Franco contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de febrero por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y dictadura, cuya consecuencia mas inmediata es la exhumación de los restos de Franco. Las medidas cautelares tienen que ser resueltas por los jueces del alto tribunal de forma urgente ya que condicionan la viabilidad de la exhumación.

En otras resoluciones el tribunal decidió que Franco no saldría

En anteriores resoluciones el Supremo recuerda que el cuerpo de Franco no saldrá del Valle de los Caídos en caso de que haya recurso de la familia llegado el momento hasta que ellos nos den el visto bueno y lo hacen citando un caso sentenciado recientemente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al condenar a Polonia indemnizar a dos viudas víctimas de un accidente aéreo en 2010 por exhumar los cadáveres de sus maridos para investigar las causas del suceso, a pesar de la oposición de la familia y sin poner en marcha ningún mecanismo para atender su negativa.

En este caso, Estrasburgo concluyó que la ley polaca no tenía ningún mecanismo para estudiar sus denuncias y negativas a la exhumación las víctimas han sido privadas del mínimo grado de protección decía los jueces. Como en ocasiones anteriores, el Supremo requerirá a través de la secretaria judicial al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad a fin de que, en el improrrogable plazo de veinte días, remita el expediente administrativo correspondiente a la resolución impugnada, y al Abogado del Estado por plazo de diez días para que informe sobre la suspensión solicitada por los herederos de Franco.