Cermi denuncia ante la Fiscalía el caso de Inés, la niña expulsada de un campamento

Madrid

La madre de Inés, Carolina Gómez, denunció públicamente lo que le había pasado el fin de semana pasado a su hija, con necesidades especiales. Como años anteriores, la niña de 11 años había empezado un campamento de verano donde estaba previsto que pasara 15 días pero la primera noche recibió una llamada de la monitora: "las madres se estaban quejando porque no querían que Inés estuviera en la habitación con sus hijas". Según relata la madre y como confirmó la empresa Diverbo, que organizaba el campamento en inglés, la única opción que ofrecía la organización era que la menor durmiera en adelante con una monitora "dedica a ella de forma exclusiva para facilitar su integración". Ante estos hechos, los padres de Inés decidieron sacarla del campamento: la niña había ido allí para disfrutar en igualdad de condiciones. Lo único que precisa Inés es que le hablen despacio para poder procesar la información.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha denunciado este martes ante la Fiscalía y la Comunidad de Madrid el caso de Inés. Para la asociación "resulta intolerable que una circunstancia como la discapacidad colonice nuestra existencia para clasificarnos fuera de la vida en común y para ocultar a la propia persona con dignidad y derechos". El delegado del Cermi para los Derechos Humanos, Jesús Martín Blanco, lamentaba en declaraciones a Efe la actitud del campamento, una "constante perversa" que aparta a este colectivo de "la esfera de la inclusión" porque, en su opinion, "pone de manifiesto que nuestras vidas siguen estando depreciadas en valor y despreciadas en actitudes, algo intolerable en un Estado con cuarenta años de vida democrática".

Por su parte, Facua también ha pedido a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid que abra expediente sancionador a la empresa Diverbo. Entre otras vulneraciones de la legislación, Facua cita en su denuncia el artículo 29 de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, que establece que "todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad".

"Esta situación que es evidentemente discriminatoria"

La Coordinadora del Tercer Sector, una plataforma que agrupa a unas 200 pequeñas y medianas ONG de Madrid, ha denunciado ante el Defensor del Pueblo los hechos. Pide que "se abra investigación al respecto de lo sucedido y se evalúe si los monitores y personal expreso que trabaja con menores en dicho campamento tiene la titulación y competencia necesaria para ello". La plataforme quiere que se determine si los hechos producidos en el campamento de Salto de Saucelle "son constitutivo de un delito contra dicha menor y se eleve exposición razonada de ello ante la Fiscalía competente".

"Hemos esperado a la respuesta de la empresa pero cuando la conocimos decidimos que había que actuar porque nos parece que no es una respuesta adecuada ante esta situacion que es evidentemente discriminatoria", explica el secretario técnico de la Coordinadora, Rafael Escudero. Se pregunta si "las empresas pueden tomar decisiones solo en función de su beneficio cuando afectan a una población vulnerable o hay decisiones que por naturaleza no se pueden tomar, aunque sea una relación mercantil. Ese es el gran debate, afirma.

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