Tribunales
Caso Púnica

La Púnica estafó 15 millones a profesores para construir colegios concertados

La supuesta organización criminal liderada por Francisco Granados y David Marjaliza engañó a profesores cooperativistas durante más de un decenio para la construcción de colegios concertados en Madrid y Murcia

La trama se embolsó al menos 2.2 millones de euros en comisiones que también soportaron sin saberlo los profesores, según el juez

La Púnica estafó 15 millones a profesores para construir colegios concertados / EFE

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha delimitado en nuevos autos las distintas piezas separadas en las que ha dividido la Púnica. Si este martes era conocido el escrito de la pieza relativa a la financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid y de sus dirigentes, por la que ha resultado imputada la ex presidenta Esperanza Aguirre entre otros representantes de este partido, ahora han trascendido otros por los que se centra la investigación en distintas partes del procedimiento.

Uno de ellos es el relativo a las relaciones de la trama para la construcción de colegios concertados en las comunidades de Madrid y Murcia.

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El juez concluye que la supuesta organización criminal estafó 15 millones de euros a profesores que formaban cooperativas para impulsar la construcción de 7 de estos centros entre 2002 y 2014. Según el escrito judicial, el exconsejero y exsecretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, utilizaba su influencia para que los ayuntamientos cedieran suelo a bajo precio para edificar los colegios concertados.

La organización se concertó con la empresa gestora de cooperativas de profesores Alfedel, para la construcción de los centros. Esta sociedad inflaba los costes de edificación y pagaba comisiones a los políticos, camuflando ambos conceptos como servicios inexistentes a empresas instrumentales de David Marjaliza, supuesto socio de Granados en la trama criminal.

El juez dice que todos estos gastos eran soportados, sin saberlo, por los profesores cooperativistas. En muchos casos, tuvieron que pedir préstamos personales para poder afrontar los pagos. Las comisiones ilícitas pagadas en metálico a los políticos y contabilizadas por el juzgado ascienden a 2.200.000 euros aunque hay varias más. Granados cobró 660.000 euros por ejercer su influencia en Valdemoro y Majadahonda. El alcalde de Aranjuez percibió 400.000; el alcalde de Torrejón de Velasco 200.000; un total de 939.000 euros cobró el socio de Marjaliza, José Antonio Alonso Conesa; mientras que están por determinar las mordidas percibidas por el exalcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno; el alcalde de Sevilla La Nueva, Mario Utrilla; o representantes municipales de los municipios de Cartagena (Murcia), Valdeluz y Yebes (Guadalajara).

El juez también ha hecho públicos los autos por los que delimita la investigación por las adjudicaciones a la empresa Cofely, con un total de 56 personas físicas imputadas, que en su mayoría son exalcaldes del PP; y por los supuestos negocios de Granados con el metro de Madrid, que supusieron el pago de “comisiones millonarias” y supondrá la imputación de relevantes constructoras como Azvi, Begar o San José.

 
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