Cinco imputaciones para quince años de gobiernos en Madrid

Madrid

El juez que investiga la trama de corrupción bautizada como Púnica ha imputado a las tres personas que dirigieron durante quince años el gobierno de la Comunidad de Madrid: Esperanza Aguirre (2003-2012), Ignacio González (2012-2015) y Cristina Cifuentes (2015-2018) están siendo investigados por la supuesta financiación ilegal del Partido Popular, aunque no es su primer encuentro con la Justicia.

En el caso de Esperanza Aguirre, su imputación llega después de estar más de una década asistiendo a la apertura de distintas tramas de corrupción como Gürtel, Púnica o Lezo en su propio partido y en las administraciones que dirigió, viendo caer a sus colaboradores más cercanos: Alberto López Viejo, Francisco Granados o el propio Ignacio González son esas "ranas" que, según ellas, manchan su historial de centenares de nombramientos de cargos públicos.

En la pieza principal del caso Gürtel, bautizada como 'Época I' y que ella aseguró haber destapado, su papel se saldó con la figura del testigo tanto en la fase de instrucción como también en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional: allí renegó de López Viejo y aseguró que ordenó no volver a contratar con Francisco Correa. Poco después, la Audiencia sentenciaba que su partido se había beneficiado de la corrupción de la trama en varios municipios de Madrid.

La imputación tampoco llegó para Esperanza Aguirre en la trama Lezo, en la que cayó su sucesor, Ignacio González: el pasado mes de julio el mismo juez García Castellón rechazó imputar a la expresidenta madrileña a petición del PSOE, asegurando entre otras cosas que hasta el momento nadie había "aportado ningún elemento indiciario nuevo que otorgue relevancia penal" a la decisión de adjudicar el proyecto del campo de golf del Canal. La imputación ha llegado finalmente cinco años después del estallido de la conocida como trama Púnica en la que cayó otro de sus colaboradores: Francisco Granados.

Dimisión progresiva

Los distintos casos de corrupción no le fueron pasando factura judicial pero sí factura política: la 'lideresa' abandonó de forma progresiva sus puestos como presidenta del PP madrileño en febrero de 2016 y como concejala del Ayuntamiento de Madrid en abril de 2017. Previamente, en 2013, había abandonado la presidencia de la Comunidad de Madrid aunque por motivos personales y de salud.

Ni grandes tramas de corrupción ni tampoco incidentes de tráfico: la Justicia tampoco consiguió echarle el guante cuando paró su coche en plena Gran Vía para sacar dinero del cajero y llevarse después por delante una moto de un agente de movilidad: el juicio no se celebró al quedar despenalizada la falta de desobediencia de la que estaba acusada.

Ignacio González y Lezo

La del caso Púnica no es la primera imputación que pesa sobre Ignacio González: el expresidente madrileño abandonó la cárcel en noviembre de 2017 tras pagar una fianza de 400.000 euros y tras pasar más de medio año entre rejas por el caso Lezo, también instruido por García Castellón en la Audiencia Nacional. Está acusado de delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales.

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El magistrado le investiga por la expansión del Canal de Isabel II al otro lado del océano, la construcción de un campo de golf en Madrid, la adjudicación de las obras del tren a Navalcarnero y el pacto de comisiones millonarias. En el auto en el que decretó su libertad bajo fianza se acusa a González y a Edmundo Rodríguez de prevalerse "de sus funciones públicas para beneficiarse ilícitamente del patrimonio" de la Comunidad de Madrid "mediante el abuso de su posición dentro de la administración pública, así como de sus relaciones".

Cifuentes y el máster

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular entre mayo de 2015 y abril de 2018, no sólo está pendiente de su imputación en la trama Púnica sino también del juicio por su máster supuestamente fraudulento en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. La Fiscalía ha pedido una condena de tres años y tres meses de prisión para ella por un delito de falsedad en documento oficial.

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El Ministerio Público, en una investigación judicial abierta tras la publicación del caso por eldiario.es, entiende que Cifuentes fue la inductora de la falsificación de las actas "a sabiendas" de que acreditaba una defensa de su Trabajo Fin de Máster "que jamás se produjo" para combatir las noticias de este medio digital y "evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse". Cifuentes dimitió de su cargo en abril de 2018.