Las doce acusaciones del Tribunal Supremo a los líderes del procés

El Tribunal Supremo dedica la mayor parte de su sentencia a individualizar las conductas que atribuye a cada uno de los doce acusados. Desde su participación en la aprobación de las leyes de desconexión en el Parlament hasta la preparación del referéndum ilegal, estas son las doce acusaciones de los jueces para condenar por sedición, malversación y desobediencia. El entonces vicepresident de la Generalitat cumplió un «destacado papel» con su «liderazgo reconocido» y teniendo en cuenta que él «admitió la realidad de los hechos». Desde las presentaciones de los detalles del referéndum en el Palau y el Teatro Nacional hasta la reestructuración del Govern para asumir todas las competencias de procesos electorales pasando por la aprobación de leyes de desconexión o «rehusar dirigirse a los concentrados para que desistieran en su actitud» durante los registros de la operación Anubis el 20 de septiembre de 2017. Todo esto lo hizo, según el Supremo, con «pertinaz desatención» a los requerimientos del Tribunal Constitucional y enviando un mensaje «reiterado y consciente» ala ciudadanía a pesar de las advertencias de los Mossos sobre los peligros del referéndum ilegal: «Defender las urnas, resistencia y oposición a los requerimientos policiales». El exconseller de Exteriors se sumó al plan «consciente de la notoria ilegalidad de su actuación» desarrollando «un papel fundamental en la acción exterior desarrollada por la Generalitat en favor del proceso de autodeterminación» creyendo que con «el apoyo internacional, se podría neutralizar la capacidad de las autoridades» españolas contra el procés. El apartado de hechos probados recoge como parte de la malversación de caudales públicos el pago de miles de euros para traer a diputados internacionales y a los denominados «observadores internacionales» para legitimar el procés y el referéndum. El Supremo, además, «no alberga la más mínima duda acerca de su compromiso con la paz» pero tampoco duda de su participación en el procés. La expresidenta del Parlament se lleva alguna de las críticas más severas de la sentencia. Asumió un «decidido protagonismo» a la hora de incumplir «de forma reiterada y contumaz» las órdenes del Tribunal Constitucional permitiendo la tramitación de las normas de ruptura: «Hizo posible, desde su privilegiada posición de Presidenta del Parlament, la creación de una legalidad paralela carente de validez», sentencian los jueces. Las leyes de desconexión «debieron haber sido inadmitidas a trámite». Además de su actividad como presidenta del Parlament «alentó, organizó y protagonizó actuaciones multitudinarias que entorpecieron la labor judicial y que generaron importantes enfrentamientos» entre ciudadanos y policías. Para los jueces, Forcadell «fue algo más que la persona que encarnó el cargo institucionalmente llamado a presidir y moderar los procesos de creación legislativa». El exconseller de Presidencia participó en las reuniones preparatorias de toda la estrategia, siendo «uno de los conductores del acto» de presentación del referéndum en el Teatro Nacional, firmando decretos esenciales y desoyó al Tribunal Constitucional. Turull llamó a la calma el 1-O y eso «encierra un valor positivo» pero «era consciente de que esos llamamientos a la celebración del referéndum implicaban una clara voluntad de promover la inobservancia de los mandatos jurisdiccionales». El exconseller de Territori «reconoció el relato fáctico de la acusación» durante el juicio y, según se desprende de la agenda intervenida a Josep María Jové, «participó en cuantos anuncios y actuaciones se realizaron en defensa de la celebración del referéndum» y desoyó hasta seis requerimientos del Tribunal Constitucional para dejar de hacerlo. Destacan que «su intervención para impedir el amarre de un barco en el puerto de Palamós» para alojar policías y «la puesta a disposición del referéndum prohibido de locales» gestionados por su departamento. La exconsellera de Treball está acusada de «incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional» e incitar «a la ciudadanía al incumplimiento de las resoluciones jurisdiccionales», firmando decretos y tomando además decisiones en su propio departamento. «Alentó la participación y la movilización social» e «invitó a los trabajadores de la Generalitat a participar en el referéndum». A nivel logístico, además deceder locales para la consulta, desde Treball «se asumió parte del coste derivado de los gastos generados por las comunicaciones postales encargadas a la empresa Unipost y se gestionó, por recaer dentro de su ámbito de competencia, el registro de voluntarios». El exconseller Forn, según el Supremo, «entró en el equipo de gobierno asumiendo el giro táctico del Govern» de cara a la vía unilateral. El 20 de septiembre el exconseller de Interior «dio órdenes al mando de los Mossos d’Esquadra para que aceptara la intervención» de Jordi Sànchez como mediador y participó además en todas las reuniones previas en las que los mandos de la policía autonómica advirtieron de los peligros del referéndum. De cara al 1-O Forn «logró la efectiva ordenación de la actuación de los Mossos, de suerte que resultó funcional a los objetivos políticos del acusado» y el Govern, con una distribución por binomios que «supuso una neutralización de la capacidad operativa de ese cuerpo policial». El entonces presidente de la ANC adquirió «la promoción y el liderazgo» de las protestas del 20 de septiembre por los registros de la operación Anubis. Su meta «no era otra que la de dificultar y bloquear la actuación judicial», apostando por «dificultarla, ponerle trabas, hostigar y, por supuesto, desprestigiar ante la ciudadanía» a los jueces y la Guardia Civil. Antes de asumir una actitud más colaboradora, dice, obstaculizó la acción policial y la salida y entrada de la comisión judicial. Sànchez «fue ajeno al proceso legislativo» del procés y puso la ANC «al servicio de la maniobra de presión política» del Govern. Sobre el actual presidente de Òmnium Cultural «puso su acreditada capacidad de movilización al servicio de un proyecto político» que buscaba la secesión, según el tribunal. Desde unas primeras llamadas a la «movilización legítima» pivotó «a empujar a la ciudadanía simpatizante con el movimiento secesionista a la resistencia activa, a la oposición por vías de hecho al cumplimiento de órdenes judiciales». Los jueces aluden a su afirmación durante el juicio de que volvería a hacer lo mismo: «Podemos dibujar la responsabilidad que él no rehúye, ni disimula, ni esconde, llegando a verbalizar su decidida voluntad de seguir ajustando su conducta a esas pautas »lo volveremos a hacer. El tribunal aborda de forma conjunta la responsabilidad de los tres condenados por desobediencia, poniendo encima de la mesa «la contumaz desatención por todos ellos a los mandatos del Tribunal Constitucional». Los tres, según el Supremo, «eran perfectos conocedores de la existencia de un requerimiento formalmente emanado de quien reúne facultades legales para ello, sabían de su deber de acatamiento y, sin embargo, omitieron de forma contumaz lo que les había sido ordenado».

Las doce acusaciones del Tribunal Supremo a los líderes del procés

La sentencia individualiza a lo largo de 170 páginas la conducta que atribuye a cada acusado

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