El Supremo rechaza el último recurso de la familia Franco contra la exhumación
Recuerda que no infringe la exhumación respeta "la inviolabilidad de la Basílica" y que el prior no puede oponerse
Valle de los Caídos / SERGIO PEREZ (Reuters)
Madrid
El Tribunal Supremo ha decidido rechazar el último recurso de la familia Franco contra la exhumación del dictador. A dos días de la extracción de su cadáver del Valle de los Caídos, los jueces recuerdan que el proceso no atenta contra ningún derecho fundamental y que el prior no puede oponerse.
Las resoluciones recurridas por la familia "no infringe la inviolabilidad de la Basílica y la ulterior negativa del Prior Administrador no introduce ningún elemento nuevo", ya que la exhumación no contraviene los acuerdos firmados con el Vaticano en 1979. "Son conformes con las leyes y ninguna lesión causan a los derechos fundamentales invocados por los recurrentes los acuerdos del Consejo de Ministros", añade.
Con estos argumentos avalan su propia resolución de hace una semana en la que explicaron que el Ejecutivo en funciones ya estaba facultado para proceder a la exhumación, subrayando de nuevo que el prior del Valle no puede oponerse al proceso. "Por eso, tuvimos por decaída la inicial negativa del Prior Administrador y, por esa misma razón, la nueva carece de fundamento y no puede ser obstáculo ya a su ejecución en virtud de una sentencia firme".
"Un intento desesperado de evitar la exhumación"
En paralelo y casi al mismo tiempo, el titular del juzgado de lo Contencioso número 13 de Madrid tumbaba otro recurso de la familia Franco para impedir la exhumación y en su resolución el magistrado señala que "parece que la pretención de los recurrentes es un intento desesperado de evitar la exhumación".
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La Fundación Francisco Franco habían presentado un escrito en el que pedía la "medida cautelarísima de suspensión" de la licencia del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que permite exhumar al dictador.
Al final ninguna de esas iniciativas ha prosperado, pero todas y cada una de las resoluciones judiciales han remarcado las garantías de los procedimientos en un Estado de Derecho.
