Viernes, 25 de Septiembre de 2020

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Pazo de Meirás

Los documentos de los Franco para acreditar la propiedad del Pazo de Meirás

Los nietos de Francisco Franco presentan pólizas de seguro a nombre del dictador y extractos del pago de impuestos para tratar de demostrar que el Pazo nunca fue un bien público

El Pazo de Meirás (Sada) en A Coruña.

El Pazo de Meirás (Sada) en A Coruña. / EUROPA PRESS - Archivo (EUROPA PRESS)

El 28 de abril de 1940 Francisco Franco suscribió una póliza contra incendios con la empresa Covadonga - la actual Aegon - para asegurar el Pazo de Meirás. El seguro cubría daños por valor de 1,5 millones de pesetas de la época: 750.000 del edificio, 500.000 de los muebles y 250.000 sobre joyas y otros objetos de valor. El dictador, que había llegado al poder un año antes tras el golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil, se comprometía a pagar 3.456 pesetas anuales durante diez años. La póliza se renovó en 1959 y aumentó en un millón de pesetas la cobertura hasta los 2,5 millones de pesetas. La cuota también subió a 4.788,15 pesetas. En ambos contratos aparece expresamente que Francisco Franco Bahamonde actúa "obrando como dueño" del inmueble.

Esas pólizas, a las que ha tenido acceso la Cadena SER, forman parte de la documentación que los nietos del dictador han presentado para acreditar la propiedad del edificio en el pleito abierto contra la Abogacía del Estado y por el que irán a juicio a partir del 6 de julio en A Coruña después de que el pasado viernes no hubiera acuerdo en la audiencia previa.

LOS DOCUMENTOS DE LOS FRANCO

Póliza de seguros contra incendios del Pazo de Meirás.

LOS DOCUMENTOS DE LOS FRANCO

Contribución general sobre la renta del Pazo de Meirás.

Los Martínez - Bordiu Franco también han presentado extractos del pago de los impuestos de los rendimientos agrícolas de las distintas fincas de su abuelo y las declaraciones de la renta de varios años. En 1958 las propiedades que declara Franco, el documento está escrito a mano por él mismo según la defensa de la familia, figura en primer lugar el Pazo de Meirás (La Coruña), "varias fincas" en Llanera (Asturias), el Canto del Pico en Torrelodones y Valdefuentes en Arroyomolinos (ambos en Madrid). La finca de Sada tuvo un mal año y frente a unos ingresos de 6.000 pesetas supuso unos gastos de 18.000. Franco tuvo unas retenciones de 12.409, 25 pesetas y no tuvo que pagar lo que entonces se llamaba Contribución General de la Renta. En la declaración del año siguiente, 1959, Franco declara propiedades en Madrid, A Coruña y Oviedo, aunque ya no las especifica por su nombre. Por todas ellas obtuvo unos ingresos de 45.200 pesetas. Esa vez Franco tuvo que abonar 17.981, 06 pesetas de la contribución. Lo hizo a través de un cheque.

Con todo esto los nietos, representados por los abogados Luis Felipe Utrera - Molina y Antonio Eduardo Gil Evangelista, pretende acreditar que, en contra de lo que sostiene la Abogacía del Estado, el Pazo de Meirás nunca fue un bien público, propiedad de la Jefatura del Estado, si no que su dueño era Francisco Franco.

LOS DOCUMENTOS DE LOS FRANCO

Póliza de seguros contra incendios del Pazo de Meirás.

LOS DOCUMENTOS DE LOS FRANCO

Contribución general sobre la renta del Pazo de Meirás.

En la demanda que presentó el pasado mes de julio la Abogacía del Estado incluyó un acta notarial, desconocida hasta ahora, que probaría que cuando el dictador compró el Pazo en 1941 a la nuera de Emilia Pardo Bazán, Manuela Estebán Collantes, ella ya no era la propietaria. La había vendido, según ese documento, en 1938 a la llamada Junta pro-Pazo que la adquirió para el Jefe del Estado, no para Francisco Franco. En base a eso la Abogacía considera "fraudulenta" la compra - venta de 1941 a Franco, una simulación, y pide su nulidad. Considera, además que el inmueble fue adquirido para la Jefatura del Estado, por tanto es un bien público, y reclama su propiedad.

El letrado Utrera Molina, reconoce a la SER que el Pazo fue "un regalo", y que los costes derivados de que fuera la residencia de verano del Jefe del Estado fueron abonados con dinero público, pero subraya que eso no supone que el inmueble fuera de propiedad pública. El abogado insiste en que fue adquirido por Franco en 1941, un año después de que sufragara una de las pólizas de seguro que han presentado como prueba, aunque lo disfrutaba desde 1938. La compraventa se formalizó en el 41, explica, porque hasta entonces Manuela Esteban Collantes no dispuso del título de propiedad tras la muerte de su marido y su hijo. El acta notarial que ha presentado la Abogacía aparece expresamente que Esteban Collantes no disponía de ese título y que, por tanto, carece de valor legal para acreditar la propiedad. Utrera - Molina señala también que fue Francisco Franco quien se hizo cargo del mantenimiento del Pazo desde 1940, como probarían las pólizas de seguro, y que lo consideraba un bien suyo personal, no de la jefatura del Estado, como aparece en sus declaraciones de la renta de la época.

El abogado rechaza también el argumento de la Abogacía de que los nietos no pueden ser dueños del Pazo por usucapión, en caso de que se demostrara una compra fraudulenta. La usucapión es una figura legal que otorga la propiedad de un inmueble a quienes la han disfrutado de forma pública, pacifica e ininterrumpida durante 30 años. En este caso han pasado 44. Esta norma no es aplicable a los bienes públicos, como sería el pazo según la Abogacía, y por tanto tendría que pasar a manos del Estado. La defensa de los Franco rebate incluso ese caso y sostiene se podría considerar que se ha producido una "desafectación tácita" ya que el Estado, sostiene, no se ha interesado por el inmueble en más de 40 años y se ha producido un "retraso desleal en el ejercicio del derecho" sobre el Pazo. Utrera - Molina recuerda que fueron los Franco los que sufragaron la reconstrucción de Meirás tras un incendio en 1978 sin que el Estado interviniera para nada en los trabajos.

El pasado viernes el juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña fijó para el 6 de julio el inicio de la fecha del juicio. La juez rechazó las alegaciones complementarias de los Franco y también una de la abogacía. No hubo acuerdo, como era previsible, y tendrán que volver a verse en verano. El futuro del pazo de Meirás quedará entonces visto para sentencia.

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