El Supremo revisa la inhabilitación de Torra por los lazos amarillos
La defensa del president y la Fiscalía comparecen este jueves ante la sala de lo penal del Supremo
El futuro de Quim Torra deja en el aire también el futuro de las elecciones catalanas
Quim Torra lllega al Supremo este jueves 17 de septiembre. / SERGIO PEREZ (Reuters)
Madrid
La sala de lo penal del Tribunal Supremo revisa a partir de este jueves la condena de inhabilitación del president catalán Quim Torra por desobedecer a la Junta Electoral y no quitar símbolos independentistas de la fachada de edificios oficiales de la Generalitat en la campaña de las primeras elecciones generales de 2019. La decisión de los magistrados no sólo condiciona el futuro político de Torra sino el horizonte electoral de Catalunya a la espera de una nueva convocatoria electoral.
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La vista tendrá lugar en el Tribunal Supremo con las limitaciones propias de las medidas de seguridad de la pandemia y sin la intervención del propio Torra: sólo hablará la Fiscalía para pedir la confirmación de su condena, su defensa para solicitar su absolución y la acusación popular, ejercita por el partido ultraderechista Vox. El acto arranca a las doce de la mañana y, aunque no participe, el president sí puede acudir al Tribunal Supremo.
Encima de la mesa está la condena que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el pasado mes de diciembre por un delito de desobediencia: treinta mil euros de multa y un año y medio de inhabilitación para ejercer cualquier tipo de cargo público gubernamental electivo en el ámbito local, autonómico, estatal o europeo. Es decir, que no puede ni ser president, ni diputado raso del Parlament, ni tampoco del Congreso ni presentarse a las elecciones europeas.
El Supremo tendrá que examinar lo que pasó en Catalunya en las tres primeras semanas de marzo del año pasado, en plena campaña electoral de cara a los comicios generales del mes de abril. La Generalitat colgó diversos símbolos independentistas como banderas esteladas, lazos amarillos y pancartas en apoyo a los presos del procés y no los retiró hasta recibir tres avisos consecutivos de la Junta Electoral Central.
Una "negativa abierta y franca"
El Tribunal Superior de Catalunya tuvo clara la condena de Quim Torra al entender que desoyó de forma consciente los tres avisos de la Junta entre los días 11 y 21 de ese mes de marzo, hasta que los Mossos d'Esquadra retiraron el material el viernes 22. La orden de la Junta Electoral "no dejaba lugar a la duda" y era una "orden meridiana, explícita" escrita en "términos claros e imperativos", y según los jueces este mandato "no fue atendido" por Torra con una "voluntad consciente" de desobedecer.
Pancarta a favor de los presos del procés con un lazo amarillo en el Palau de la Generalitat en marzo de 2019 / EFE
Una negativa "abierta, franca, recalcitrante y persistente" que para el TSJC fue suficiente para tumbar los argumentos de Quim Torra: que las órdenes no estaban claras, que la Junta Electoral no es un organismo superior a la Generalitat y que, además, eran imposibles de cumplir porque limitaban derechos fundamentales como la libertad de expresión. Esos símbolos, retirados después de tres avisos de la Junta Electoral, eran para los jueces algo "inadmisible en periodo electoral".
El 9N y el 1-O
La tramitación ante el Supremo del caso se hará bajo la sombra de procesos anteriores relativos al procés catalán y el delito de desobediencia que han acabado en condenas: la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La propia sentencia del TSJC nombró ambas resoluciones para dictar la condena de Torra y su caso será examinado por jueces que han participado en ambos procesos: Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Andrés Martíenez Arrieta, además de Vicente Magro y Susana Polo.
El futuro judicial de Torra condiciona también el futuro político de Catalunya. La decisión del Supremo se conocerá en un plazo corto de tiempo y, en caso de confirmar su condena de inhabilitación, pasarían pocos días hasta su ejecución por parte del TSJ de Catalunya y el Parlament y si para entonces no se han convocado elecciones el proceso establecido por el Estatut podría dilatarse varios meses.
