Pedro Sánchez y Pablo Casado se enzarzan en acusaciones por el pacto con Bildu

El PP y Ciudadanos aprovechan la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles, la primera tras el debate de totalidad de los Presupuestos Generales de 2021, para pedir cuentas al presidente, Pedro Sánchez, y a los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, por sus pactos con Bildu y Esquerra Republicana (ERC). 

En concreto, el líder del PP, Pablo Casado, ha querido que el presidente Pedro Sánchez le explique "qué ha cedido para aprobar los Presupuestos Generales" y le acusa una vez más de pactar con terroristas: "¿Se imagina a Biden pactando con los terroristas del 11-S? ¿A Macron con los de Bataclán? Pues usted lo está haciendo con los de Hipercor y sin ni siquiera necesitar los votos. Es terrible". Casado asegura que Sánchez "ha mentido a todos" y cree que esos pactos "le van a perseguir toda la vida".

El presidente ha destacado que la intervención de Casado es "el libro viejo del PP cuando está en la oposición: ETA, Cataluña y vamos a romper España" y recuerda que "198 escaños de esta cámara han considerado oportuno que tenemos que tramitar los Presupuestos" y que "el Gobierno que derrotó a ETA fue un Gobierno socialista": "Ustedes están instalados en la mentira. Cuanto más tiempo tarden en reconocer la derrota electoral, más derrotas tendrán".

En la misma línea que Casado, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido a Sánchez que aclare si va a contar con su partido o con ERC y Bildu para aprobarlo: "Vamos a ver si en el Gobierno se impone Iglesias o se impone el sentido común", ha sentenciado y le ha preguntado de nuevo a Sánchez si piensa aprobar las cuentas públicas de 2021 "a través de un acuerdo sensato, moderado y bueno para las familias españolas", como considera que sería uno con Ciudadanos, o con uno "radical y lleno de concesiones a los separatistas".

Calvo, a Gamarra: "Tienen un trauma histórico y democrático"

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que valore "los primeros días de la dirección de EH Bildu en la dirección del Estado", después de que Arnaldo Otegi anunciase la disposición de Bildu a apoyar los Presupuestos del Gobierno de coalición. Para el líder de Podemos, el apoyo de Bildu es "una buena noticia" que refuerza al bloque de investidura, "que será de legislatura y de dirección de Estado".

Gamarra  ha asegurado que Pablo Iglesias es "el auténtico presidente en la sombra de este país" y concluía dirigiéndose al PSOE: "Han vendido su alma al diablo, por lo menos tengan las agallas de reconocerlo". Tras esa frase contundente de la portavoz popular, la vicepresidenta Calvo ha respondido con la misma intensidad: "Ustedes tienen un trauma histórico y democrático que es aceptar que la izquierda gana las elecciones".

De su lado, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha dirigido, como ya es habitual, al vicepresidente Iglesias para preguntarle si considera que los Presupuestos para el próximo ejercicio generan confianza. Iglesias ha respondido argumentando que los Presupuestos le parecen positivos "porque aumentan la inversión en sanidad, educación e investigación": "Ustedes no quieren hablar de los Presupuestos porque generan confianza y por eso vienen aquí a hablar de ETA".

Egea considera que Iglesias "ha hecho un trabajo muy importante, le ha quitado la careta a Pedro Sánchez" ya que "con los presupuestos de la vergüenza, se ha demostrado que Sánchez está donde quiere estar: rechazando la mano de Pablo Casado".

Vox y el plan del Gobierno contra las noticias falsas

El diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha preguntado al Gobierno por qué "quiere decidir sobre la libertad y la pluralidad informativa" e Iglesias le ha respondido escuetamente señalando que "el Gobierno no pretende decidir sobre esto".

El vicepresidente considera que a Vox "le incomoda que se hable del bulo porque esa es su gasolina llevándola hasta unos niveles de desfachatez inéditos". Y ha ido más allá: "Mientras ustedes sigan posicionados en la mentira y en el odio, le auguro gobierno socialcomunista para muchos lustros".

Crisis migratoria en Canarias

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha arremetido este miércoles duramente contra el Gobierno central a causa de la crisis migratoria que está atravesando el archipiélago canario y ha preguntado si es que tiene que volver el grupo terrorista Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez 'haga caso a Canarias'.

"¿Somos España y Europa? ¿O es que Canarias tiene que tener un partido independentista o resucitar el MPAIAC para que este Gobierno le haga caso?", ha preguntado la parlamentaria canaria durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados sobre los migrantes que se encuentran hacinados en distintos muelles del archipiélago a la espera de una respuesta por parte del Ejecutivo central. A este respecto, Oramas ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "como pide Podemos", y la del ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, "como pide el PSOE".

La diputada de Coalición Canaria, que ha reprochado duramente al Gobierno esta crisis migratoria en el archipiélago, ha pedido al Gobierno que hagan caso a ONGs como Acnur y Cruz Roja y ha exigido a los distintos ministerios del ámbito migratorio que se reúnan para dar una solución a este problema.

"No tenemos capacidad de acogida", ha lanzado Oramas en un discurso que ha encontrado el aplauso de una parte de la Cámara Baja, pero sin embargo ha sido rechazado por la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, a la cuál iba dirigida su pregunta inicial en la sesión de control.

La diputada del PP Ana Belén Vázquez también le ha preguntado a Grande Marlaska si va a dimitir "por su incompetencia para resolver la crisis migratoria de Canarias". La popular ha señalado que "los canarios han visto como sus hoteles de turistas se han convertido en hoteles de inmigrantes". Considera que el Gobierno es "un chollo" para las mafias que trafican con los migrantes: "¿Devoluciones en caliente? Las van a hacer ¿sí o no? Le exigimos una respuesta firme y contundente".

Celaá defiende su ley: "No se la han leído"

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha defendido este miércoles que la LOMLOE, el Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica de Educación, que se encuentra en trámite parlamentario, sí reconoce la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía, así como la libertad de enseñanza.

Así lo ha asegurado en el Pleno del Congreso al diputado Óscar Clavell (PP), que le ha preguntado a la ministra sobre qué entiende por dar cumplimiento a los artículos 3 (que dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla) y al artículo 27 (que recoge que todos tienen el derecho a la educación y que se reconoce la libertad de enseñanza) de la Constitución Española (CE), en una clara referencia a la reforma educativa.

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Según ha contestado en un primer momento la titular del Departamento de Educación y FP, dar cumplimiento a ambos artículos de la CE significa "dar, garantizar la aplicación efectiva de lo contenido en ambos artículos". "No como hace en este momento la LOMCE (actual ley educativa que se pretende modificar), todavía vigente", ha afeado.

En su turno de réplica, el diputado (que lucía un lazo naranja en apoyo a la educación concertada) ha reprochado a Celaá que haya eliminado de la reforma educativa el término "lengua oficial del Estado" y "lengua vehicular" para referirse al castellano, lo que supone "traicionar su honor", ya que le recuerda que guardó e hizo guardar la Constitución cuando accedió al cargo.

El diputado ha recordado que el presidente del PP, Pablo Casado, ya les ofreció al Gobierno un Pacto por la Educación, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "prefirió a otros compañeros de viaje", esto es, "a los comunistas, radicales y Otegi" en esta cuestión educativa.

Y es que, para Clavell, la Ley Celaá (nombre con el que se conoce también a la reforma educativa) "no es una cuestión de educación", sino un "manifiesto ideológico" que "excluye al castellano como lengua vehicular de la enseñanza", como ya sucedió, según dice, con el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. "Porque esto ya viene de antiguo, el PSOE catalán ya entonces renegó del castellano y por eso el PP tuvo que defenderlo en la LOMCE", comenta.

Según el 'popular', la ley Celaá "cercena el derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos atacando la libertad de enseñanza y de elección de centro, firmando el acta de defunción de cierta enseñanza, entre ellas, la especial", critica el diputado, que considera a la ministra un "claro ejemplo de totalitarismo", pues "niega a los padres un derecho" cuando la ministra lo ejerció "al llevar a sus hijas a un colegio concertado y católico".

"Esta ley nace sin consenso, amordazando a la comunidad educativa, ninguneando el Consejo de Estado, tramitándose durante el Estado de Alarma, aplicando el rodillo supremacista, un auténtico error histórico", ha lamentado Clavell, que ha finalizado su intervención recordando a Celaá que el PP acudirá a los tribunales si se aprueba este jueves la ley en el Pleno del Congreso.

A todo ello, la ministra ha pedido al diputado que, en primer lugar, abra el proyecto de reforma, y en segundo lugar, que abra la Constitución, en concreto en sus artículos 3 y 27, preguntando a este qué dicen tales artículos. "¿Y qué dice nuestra ley al respecto?", ha formulado.

Así, la ministra se ha limitado a reproducir en voz alta lo que recoge el proyecto normativo: "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable". Y ha proseguido: "Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente".

"¿Qué se hace? Se reconoce la Constitución, los Estatutos de Autonomía y se observa un objetivo educativo", se ha contestado a sí misma la ministra, que ha insistido en preguntar al diputado que, de los tres puntos del artículo 3 de la CE, cuál de ellos no se encuentra en el proyecto de reforma, así como el artículo 27 de la CE.

"En la Ley, en el artículo 1, se consagra, se ratifica, se reconoce el pleno derecho a la libertad de enseñanza y la plena posibilidad de que todo el mundo pueda llegar al dominio y desarrollo pleno de su educación, de su personalidad, en el respeto a los principios de convivencia y de libertad y derechos fundamentales", ha zanjado Celaá, recriminando que no se hayan ni leído la ley.