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ACE acusa al ayuntamiento de permitir la “especulación” con las casetas del pulpo

No se puede permitir que la misma empresa puje por todas las unidades

Carlos Portomeñe (ACE) / Cadena SER

El Grupo Municipal de Alternativa Cidadá de Esquerdas en el Ayuntamiento de Lugo ha acusado al gobierno local de "abrir la puerta a la especulación" con la adjudicación de las casetas de pulpo de las fiestas de San Froilán de este año.

El Ayuntamiento de Lugo abrió este martes los sobres de las propuestas y adjudicó tres de las cuatro casetas a la consultora madrileña Bruxa Consulting, por 28.030,94 euros, 25.027,30 y 28.030,94 para cada una de ellas. La cuarta fue otorgada a Torre de Núñez por 16.650 euros.

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Los precios de salida para las cuatro casetas oscilaban entre los 16.627,33 y los 18.772,79 euros, por lo que la oferta de Bruxa Consulting incrementó en algún caso en más de 10.000 euros la cantidad mínima exigida por el Ayuntamiento.

Con respecto a los calderos, Burxa Consulting ganó el concurso de tres de ellos, por 15.043,98 euros, 18.193,17 euros y 15.040,20 euros, respectivamente. El restante fue concedido a Francisco Javier Irimia por 18.193,93 euros. Los precios de salida oscilarán entre los 10.375,46 y los 11.714,22 euros.

Carlos Portomeñe, portavoz de ACE en el Concello de Lugo (31/08/2016)

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El portavoz de ACE, Carlos Portomeñe, cree necesario "introducir mecanismos en el proceso de adjudicación de las casetas y calderos del San Froilán para evitar el monopolio y la especulación".

"No se puede permitir que la misma empresa puje por todas las unidades sacadas a concurso y mucho menos que participen firmas que nada tienen que ver con la hostelería, este tipo de compañías de objeto social difuso se dedican a especular a través de subcontrataciones", alertó.

Además, advirtió de que estas empresa, en referencia a Bruxa Consulting, perjudican a los trabajadores finales, "cuyas condiciones laborales son precarizadas mientras los adjudicatarios ensanchan obscenamente sus beneficios".

Portomeñe vertió sus críticas contra la concejala de Cultura, Carmen Basadre, de quien dijo que "tiene experiencia en estos concursos públicos como para conocer la existencia de consultores y empresas que se dedican a la reventa de adjudicaciones".

La concejala de Cultura lamentó que recayesen el grueso de la adjudicación en una empresa madrileña, si bien argumentó que "se valoró el precio".

Asimismo, destacó que la contratación fue "impecable" y "transparente" que "estuvo publicado y nadie presentó recursos a las bases, fue un proceso abierto, legal y participativo".

 
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