Jueves, 04 de Junio de 2020

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Caso Erial

La defensa de Eduardo Zaplana pide la nulidad de las actuaciones en el caso Erial

La defensa alega que los documentos que supuestamente se encontraron en un piso que fue propiedad de Zaplana y que le imputan están fechados en días posteriores a los que el exministro vendiera su casa, en 2006

El expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, acude a firmar al

El expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, acude a firmar al / Francisco Martínez - Europa Press (EUROPA PRESS)

La defensa del exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana ha pedido la nulidad de las actuaciones realizadas en el caso Erial, que supuso su detención y permanencia en prisión durante algo más de 8 meses.

Según han informado a EFE fuentes del caso, la defensa alega que los documentos que supuestamente se encontraron en un piso que fue propiedad de Zaplana y que le imputan están fechados en días posteriores a los que el exministro vendiera su casa, en 2006.

Entre estos documentos, las fuentes hacen referencia a un artículo de prensa fechado el 3 de noviembre de 2009, cuando Eduardo Zaplana y su mujer ya habían dejado la casa.

También se refieren a un documento escrito a mano que habla de una sociedad de Carlos de Paz en la que se dice que el último balance depositado en el registro mercantil es de 2006, un balance que se realizó en 2007.

El diario La Razón, que adelanta este jueves la petición de nulidad de las actuaciones, señala que el exministro alega que el hallazgo de los documentos que le imputan fue "casual", e informa de que la defensa también ha pedido que no se difundan las grabaciones realizadas por la Guardia Civil a Zaplana.

El exministro y expresident de la Generalitat fue puesto en libertad provisional el pasado 7 de febrero tras pasar algo más de ocho meses de prisión preventiva en el centro penitenciario de Picassent, aunque desde el 18 de diciembre estaba ingresado en el Hospital la Fe para seguimiento de la leucemia.

El caso Erial investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana puesto en marcha en 2003.

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