Martes, 01 de Diciembre de 2020

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Caso Erial

Eduardo Zaplana pide no comparecer o comparecer menos en el juzgado cada lunes

Al ser persona de riesgo de contraer la COVID-19

Eduardo Zaplana en una imagen de archivo

Eduardo Zaplana en una imagen de archivo / cadena ser

La defensa del expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana ha pedido la supresión o, alternativamente, la reducción de sus comparecencias de cada lunes ante el Juzgado de Guardia, acordadas en el caso Erial, al ser persona de riesgo de contagio de COVID-19 por la enfermedad que padece.

El caso Erial se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

El expresident y exministro pasó casi nueve meses en situación de prisión provisional por este caso, una parte de ellos ingresado en el Hospital de La Fe de València debido a la leucemia que sufre.

Fuentes del caso han explicado a Efe que, posiblemente, ni la jueza que investiga el asunto en el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ni el fiscal Anticorrupción se opondrán a acordar esta medida.

En su escrito, Daniel Campos, abogado de Zaplana, recuerda que el juzgado decretó la libertad provisional de su defendido con la obligación de comparecer todos los lunes en el Juzgado de Guardia, una orden con la que su defendido ha venido cumpliendo salvo durante el estado de alarma, cuando fueron suspendidas estas medidas cautelares.

El abogado, que recuerda el gran arraigo que tiene su defendido y la familia de éste en España, explica también que "la situación actual no es exactamente la misma que antes de la pandemia, y subsiste la posibilidad de un rebrote del virus que obligue a los ciudadanos a confinarse de nuevo".

Añade que "tampoco escapa al conocimiento del Juzgado que don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, debido a la enfermedad que padece, se encuentra entre la población de mayor riesgo en el caso de contagio por el COVID-19".

El letrado recuerda también que el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un plan de choque con medidas para evitar aglomeraciones en los órganos judiciales.

"Entendemos que, subsidiariamente y para el caso de no acordarse su supresión, resulta prudente acordar una reducción de las comparecencias semanales de mi mandante, estableciendo una frecuencia quincenal o mensual" según el criterio del juzgado, concluye el escrito.

Trasladar el caso a Audiencia Nacional 

La defensa legal del expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana ha recurrido ante la Audiencia de Valencia para que el caso Erial, en el que está siendo investigado el que también fuera ministro de Trabajo del PP, sea asumido por la Audiencia Nacional.

La juez del caso ha fallado en contra de la petición del abogado de Zaplana, Daniel Campos, para que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional y el letrado ha presentado ahora un recurso, al que ha tenido acceso EFE y que deberá resolver la Audiencia Provincial de Valencia.

A ella le pide que declare al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia "incompetente para instruir la presente causa" y que acuerde la inhibición en favor del Juzgado Central de Instrucción que por turno corresponda en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción rechazó el pasado día 10 que el caso sea competencia de la Audiencia Nacional, porque a su juicio los delitos se cometieron en Valencia.

La jueza ha asumido esa argumentación. De hecho, el mismo día 11 retomó la instrucción y citó a los investigados considerados de segundo nivel, es decir, a familiares del propio Zaplana, que deberán comparecer el 14 de julio, y a José Luis Olivas, expresident también de la Generalitat, y la exdiputada del PP Elvira Suanzes, entre otros, para el 30 de junio. Posteriormente, el 17 de junio, dictó un auto rechazando la petición del abogado de Zaplana.

El letrado de Zaplana, que posiblemente esté preparando con su recurso la vía de pedir la nulidad del proceso por vulneración del derecho al juez predeterminado por la Ley, según fuentes del caso, argumenta por su lado que los delitos más graves de los que se imputan a su defendido, un supuesto cohecho y un supuesto blanqueo, se habrían producido fuera de España.

“Las únicas referencias concretas de tiempo, lugar e intervinientes que constan en esta causa, tras cinco años de investigación, son las contenidas en los atestados de la Guardia Civil y se remiten a Luxemburgo como el lugar donde se materialzó  '”, dice acerca del delito de cohecho.

Parecidos argumentos usa para los otros delitos, y así, respecto al blanqueo, afirma que “la Audiencia Nacional se ha declarado competente para la instrucción y ulterior enjuiciamiento de numerosos procedimientos relativos a la corrupción sobre la base de que el delito de blanqueo de capitales asociado a los mismos se había perpetrado básicamente fuera de España”, añade Campos.

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