Miércoles, 14 de Abril de 2021

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Tres detenidos tras el registro de las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés

La Audiencia Nacional investiga la presunta despatrimonialización de la empresa tras la compraventa de Alcoa

Agentes de la Policía Nacional en Alu Ibérica

Agentes de la Policía Nacional en Alu Ibérica / Radio Coruña Cadena SER

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón tomará hoy declaración a tres detenidos (dos en Madrid y uno en Málaga) en el marco del operativo de la Policía Nacional por la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio de Alu Ibérica. Todos ellos declararán por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra los derechos de los trabajadores y asociación criminal.

Las detenciones se han producido después de que un centenar de agentes de la Policía Nacional haya registrado este jueves las instalaciones de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés, así como varias oficinas de Madrid, Málaga y Castellón. La intervención también ha incluido once registros en domicilios, y todo esto por la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra Alcoa por supuestas irregularidades en la venta de las plantas que podrían ser constitutivas de alzamiento de bienes y estafa.

Miembros de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional y de Inspección de Trabajo entraron en la mañana del jueves en la fábrica de Alu Ibérica para relizar un registro enmarcado en la investigación abierta por la compraventa de las fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés. La Audiencia Nacional investiga la presunta despatrimonialización de la empresa tras la compraventa de Alcoa, primero a grupo Parter y después a Grupo Riesgo, actuales propietarios.

El recientemente despedido presidente del Comité de Empresa, Juan Carlos López Corbacho, ha reconocido en declaraciones a Radio Coruña Cadena SER que este registro era previsible. Corbacho espera que la justicia aclare la "estafa" que en su opinión ha sido todo el proceso de compraventa de la fábrica de aluminios. "Espero que en breves teñamos outras actuacións máis e que sexa o fin de esa estafa, de ese engaño tremendo ao que nos someteron, e o que sexa o principio de esa salida industrial para a planta de aluminios de aquí de A Coruña e que nos de esa salida industrial e garantize os empleos", apuntó.

Los registros, que han comenzado poco antes de las 9 de la mañana, se ha llevado a cabo al mismo tiempo en otros 11 puntos de la geografía española, también en la fábrica de Avilés y domicilios particulares y despachos de abogados en Madrid, Málaga y Castellón. Corbacho considera que estos registros han sido propiciandos por los últimos movimientos realizados por Grupo Riesgo: El despido de varios trabajadores (el propio Corbacho entre ellos) y la condena a la propiedad por vulneración de las libertades sindicales.

Más allá de esta situación judicial y de las investigaciones que se lleven a cabo, Juan Carlos Corbacho considera que las administraciones deberían trabajar por garantizar un futuro laboral a los trabajadores. Garantías de empleo antes de que este verano termine el compromiso adquirido por las propias compañías para garantizar los puestos de trabajo.

La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, "persigue la obtención de pruebas de cara al esclarecimiento de los hechos y la salvaguarda de los derechos de todos los posibles perjudicados por tales actuaciones".

En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital estas instalaciones, pero Parter Capital no tardó en venderlas al Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica, sin informar previamente al Ministerio de Industria ni a los gobiernos autonómicos y la representación de la plantilla, que acusan al nuevo propietario de carecer de un proyecto industrial solvente.

En el operativo participan más de 100 funcionarios policiales de distintas especialidades de la organización central y territorial de la Dirección General de la Policía, además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Hasta el momento ninguna de las empresas implicadas en este proceso judicial y en los registros de la UDEF ha manifestado su posición al respecto de los mismos.

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