Modificadas las peticiones de prisión que pedirán el fiscal y las acusaciones

Jaén

A falta de 24 horas para que llegue la última jornada del juicio por el Caso Matinsreg, Radio Jaén ha accesido a las modificaciones de las calificaciones provisionales y de las penas que, inicialmente, habían solicitado tanto el Fiscal como las acusaciones popular y particular, ejercidas por el Ayuntamiento de Jaén y el grupo municipal socialista. Todo ello después de que la Guardia Civil confirmara ayer que hubo "un plan preconcebido" para pasar facturas infladas al consistorio de la capital. A continuación, reproducimos las penas que se piden

José Enrique Fernández de Moya

Es, junto con Alicia Merino, el otro encausado que se libra de la acusación de Fiscalía sin embargo, tanto las acusaciones popular como particular le creen autor de dos delitos de prevaricación en concurso medial con malversación por lo que piden siete años de cárcel y 15 de inhabilitación por parte de la acusación particular y ocho de cárcel y 20 de inhabilitación por la popular. En su declaración, que tuvo lugar el 7 de abril, delegó toda la responsabilidad en sus concejales.

Manuel del Moral y Miguel Ángel García Anguita

El escrito de la Fiscalía cree que tuvieron un papel central en la trama de comisiones facilitando que las facturas fueran visadas por el técnico municipal, tanto del Moral como concejal de Mantenimiento Urbano como Anguita que era responsable de Personal. El Ministerio Público pide para ellos ocho años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos y cohecho.

La acusación popular les acusa de los mismos delitos y pide 7 años de cárcel y 15 de inhabilitación absoluta por los tres primeros delitos mencionados anteriormente mientras que por el de cohecho suma tres años de cárcel, 2.160 euros de multa y siete de inhabilitación para empleo y cargo público.

La acusación particular va en la misma línea a la hora de las acusaciones con ocho años de privación de libertad y 20 de inhabilitación absoluta por prevaricación, falsedad documental y malversación mientras que en el caso de cohecho aumenta la multa hasta los 6.000 euros pero mantiene tres años de prisión y los siete de inhabilitación.

Agustín Sánchez

Es el funcionario municipal que, durante su declaración, reconoció su imprudencia a la hora de dar el visto bueno a las facturas. Las peticiones de prisión para él son muy parecidas a las de Anguita y Del Moral. Fiscalía le acusa de falsedad en documento mercantil y malversación en caudales públicos y le pide siete años de prisión y un día.  Más alta es la pena que pide la acusación particular ya que suma también los delitos de prevaricación y cohecho con penas de ocho años de prisión y tres años por el segundo delito. La acusación popular reclama para él las mismas penas que para los exconcejales.

Luis Gregorio González

Todas las partes piden prisión para el gerente de Matinsreg, que reconoció la existencia de la trama durante su declaración, pero también piden que se consideren como atenuantes su confesión y el hecho de que ingresó un millón de euros a cuenta del ayuntamiento días antes del juicio. Esto ha llevado a que la Fiscalía rebaje su pena de siete a dos años por el delito de malversación de caudales públicos pero también establece otras peticiones por la presunta comisión de falsedad documental. Por su parte, las acusaciones particular y popular piden ocho y siete de prisión respectivamente por prevaricación, falsedad documental y malversación.

Isidoro Hipólito y José Merino

Los considerados como 'conseguidores' de la trama están acusados por la Fiscalía de falsedad en documento mercantil y malversación de caudales por lo que les pide siete años de prisión y un día e inhabilitación. Por su parte, la acusación popular pide también siete años pero la particular eleva su propuesta hasta los ocho. En ambos casos, a los delitos que pide el Ministerio Público se suma el de prevaricación.

Rodrigo García

Es el yerno de José Merino y la persona que, según la Fiscalía, recibía los partes del consistorio, realizaba las facturas, las remitia a Zamora y una vez que volvían a Jaén, daba su conformidad y las presentaba en la Oficina de Control de Concesionarias y no en el registro general, como es el cauce habitual y reconoció haber visto facturas infladas en su declaración. El Fiscal le acusa de falsedad en documento mercantil y malversación en caudales públicos y le pide tres años, seis meses y un día de privación de libertad. Más altas son las penas que le reclaman las acusaciones particular (ocho años de prisión y 20 de inhabilitación) y la popular, siete años y 15 de inhabilitación.

Alicia Merino

Es, junto con José Enrique Fernández de Moya, la otra persona que no está acusada por Fiscalía. Además, figura como cómplice en los escritos de las dos acusaciones acusada de prevaricación, falsedad documental y prevaricación.  Para ella piden tres años de prisión y seis de inhabilitación (acusación popular) y cuatro de cárcel y 10 de inhabilitación (acusación particular).

Indemnización

El letrado de la acusación particular pide que se indemnice al ayuntamiento con 3,9 millones de euros mientras que el fiscal reclama 3,6 millones de euros a seis de los nueve acusados, esto es, todos salvo De Moya, Alicia Merino y Luis Gregorio González. La acusación popular no establece una cuantía e indica que este aspecto corresponde al Ayuntamiento (que ejerce la acusación particular) y al Fiscal.