Deniegan el acceso a Meirás a una empresa de mudanzas contratada por los Franco
Estado, Xunta y Diputación se suman al recurso en contra de que los Franco se lleven bienes de Meirás
Pazo de Meirás / Xurxo Lobato (GettyImages)
A Coruña
Una empresa de mudanzas contratada por la familia Franco se ha trasladado este jueves al pazo de Meirás, después de que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña les diese un plazo de mes para retirar los bienes una vez que la Audiencia coruñesa revocó el depósito temporal de los mismos a favor del Estado.
Sin embargo, según ha explicado a Europa Press el letrado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, por parte del vigilante de seguridad se les ha denegado el accceso alegando que no tenían "autorización para poder entrar".
"Vamos a denunciar esta circunstancia ante el juzgado", ha explicado, precisando sobre esta decisión que lo que harán es poner en conocimiento estos hechos. Y es que esta parte ha asegurado que los recursos de reposición presentados por el Estado, la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa por el plazo para la retirada de bienes "no suspende" la resolución judicial.
Estado, Xunta y Diputación se suman al recurso en contra de que los Franco se lleven bienes de Meirás
La Abogacía del Estado, la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña han presentado un recurso de reposición contra la diligencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que concede un mes a los Franco para que retiren los bienes del Pazo de Meirás.
El Gobierno autonómico considera que la diligencia "socava las competencias públicas de protección de patrimonio cultural de Galicia" al no especificar de manera explícita que la retirada de bienes de interés cultural necesita la preceptiva autorización administrativa de la Xunta.
El recurso de la Xunta pretende "proteger y defender el patrimonio de los gallegos" y aboga por la "unidad entre las administraciones" frente a la familia Franco, que perdió el juicio sobre la propiedad del edificio.
Por su parte, el delegado del Gobierno, José Miñones, ha aludido a la necesidad de establecer "cómo, cuándo y qué exactamente puede significar esa orden", ha dicho sobre el contenido de la resolución judicial, después de que, con anterioridad, la Audiencia Provincial de A Coruña permitiese a los Franco quitar los bienes al revocar el depósito mobiliario a favor del Estado.
"Es un primer paso para lo que pueda venir", ha dicho Miñones sobre este recurso. Además, ha recalcado que la Abogacía del Estado "sigue trabajando en el objetivo común de proteger lo que es un bien público", ha manifestado en relación a posibles demandas sobre los bienes.
El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha garantizado la defensa del patrimonio público los bienes que lo sean. "Seguimos en el camino de defender que aquellos bienes inventariados que sean patrimonio del Estado protegidos por el ámbito público lo sigan a estar", ha dicho diferenciando estos del inventario de ámbito personal o familiar.
Estos recursos se suman a los ya anunciados por los Ayuntamientos de A Coruña y Sada sobre la decisión judicial de conceder un mes a los herederos del dictador para llevarse el mobiliario.
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, argumenta que está constatado que "los Franco usurparon en su momento una propiedad pública con la legitimidad de un régimen autoritario y que esa propiedad cuenta hoy en día con objetos de gran valor", entre las que alude, en particular, a la biblioteca de Emilia Pardo Bazán y las estatuas del Mestre Mateo.
