La jueza suspende el plazo que tenían los Franco para retirar bienes de Meirás mientras resuelve los recursos

A Coruña

El juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha decidido suspender el plazo de un mes que se había concedido a la familia Franco para retirar bienes del Pazo de Meirás. El órgano judicial toma esta medida mientras no resuelve los recursos presentados por el Estado, la Xunta, la Diputación y los ayuntamientos de A Coruña y Sada contra el auto que permitía a los heredereros del dictador sacar objetos de Meirás. El juzgado aún tiene que resolver sobre qué bienes se podrían llevar y cuáles sno. La familia Franco ya había enviado un servicio de mudanzas al pazo, pero finalmente se le impidió la entrada.

El juzgado también ha dictado otra resolución en la que requiere al Estado toda la documentación en la que se ha basado "para determinar la necesidad de acometer obras en el Pazo de Meirás", como solicitaba la familia Franco. El Gobierno tendrá que justificar la declaración de emergencia de esos trabajos y especificar las actuaciones concretas que ejecuta.

Los herederos del dictador también habían solicitado que técnicos designados por la familia inspeccionasen las obras que el Estado realiza en el Pazo de Meirás. El juzgado ha rechazado esta petición porque el Estado asegura que dispone de fotografías que constatan cómo estaba el inmueble antes de realizar esos trabajos.

"No nos encontramos ante una empresa privada o particular que por iniciativa propia acomete una serie de obras que entiende como necesarias, sino ante una administración pública -Consejo de Ministros- que a la vista de la Memoria Propuesta para la Declaración de Emergencia, elaborada por la Delegación de Economía y Hacienda de A Coruña, y del expediente administrativo correspondiente, conforme determinar la Ley de Contratos del Estado, realiza la Declaración de Emergencia y autoriza las obras y actuaciones", señala la jueza en su resolución.

La medida explica que la familia Franco tendrá información todas las obras que se realizan en Meirás y de su coste. Añade que en caso de que los herederos recuperasen la titularidad del pazo y pretendiesen reclamar el coste de los trabajos "la carga de la prueba correspondería a la Administración y, por ello, es la máxima interesada en poder acreditar el estado real del inmueble antes de iniciar las obras".

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