El Valle de los Caídos pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros

Madrid

El Valle de los Caídos de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros, según consta en una de las enmiendas pactadas por el PSOE y Unidas Podemos en la ley de memoria democrática, que insta además a reubicar los restos enterrados allí de José Antonio Primo de Rivera.

La intención del cambio de nombre, según señala la propia enmienda, es convertir este espacio en un "lugar de memoria democrática" para dar a "conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos".

En este lugar, según la enmienda, "solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra, como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas".

Además, insta a reubicar "cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto", en referencia a José Antonio Primo de Rivera.

Según la enmienda, un real decreto establecerá el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros "que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del enclave", dependiente de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de monjes benedictinos, pero que administra de forma temporal Patrimonio Nacional.

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Esta enmienda contempla atender las reclamaciones y peticiones de los familiares "que tengan por objeto instar la exhumación y entrega de los restos de las víctimas inhumadas en el Valle de Cuelgamuros".

"Para el caso de imposibilidad técnica de exhumación, se acordarán medidas de reparación de carácter simbólico y moral", añade.

Los únicos cuerpos que se enterraron en tumbas individuales en el Valle de los Caídos fueron los de José Antonio Primo de Rivera y, cuando falleció en 1975, el del dictador Francisco Franco, pero se calcula que están los restos de unas 33.000 personas, de los que más de 10.000 serían combatientes republicanos.

Los restos de Primo de Rivera siguen allí pero el cadáver de Franco fue exhumado y reubicado en octubre de 2019 en el cementerio de Mingorrubio (Madrid), tras la aprobación del Gobierno de Pedro Sánchez y el aval del Tribunal Supremo.

Los otros cuerpos que se depositaron en el Valle están en cajas de madera anónimas amontonadas dentro de las criptas y, con el tiempo, muchas se han deteriorado y los huesos de las personas enterradas se han acabado mezclando.

Entre las 30 enmiendas pactadas por el PSOE y Unidas Podemos, otra propone la creación de un fiscal de sala para la investigación de los hechos "que constituyan violaciones de derecho internacional de derechos humanos y del humanitario, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de estado, la guerra y la dictadura".

Este fiscal de sala impulsará "los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia, para lograr su debida identificación y localización".

Otra enmienda señala que "los archivos y documentación del Gobierno de la dictadura, en particular la del jefe del Estado, que estén en poder de entidades privadas o personas físicas", se incorporarán una vez superados los trámites legales al Centro Documental de la Memoria Histórica "o al archivo del organismo público que se determine de manera motivada".

PSOE y Unidas Podemos también han pactado que "carezcan de visibilidad los retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la dictadura".

Por otro lado, han acordado la creación de una oficina de víctimas "para el apoyo técnico de las mismas y recogida los testimonios de las personas que padecieron persecución y de sus familiares, así como realizar labores de divulgación y sensibilización sobre los padecimientos y luchas de que protagonizaron las víctimas de la guerra y la dictadura".

Asimismo, proponen que el Estado publique anualmente un catálogo con los "símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, lo que otorgará la necesaria publicidad y evitará dilaciones en la ejecución de esta obligación legal".