Bildu ya se presentó en 2015 y 2019 a las elecciones con condenados por terrorismo en sus listas

EH Bildu ha protagonizado los últimos días de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas. El hecho de que en sus listas haya 44 exmiembros de la banda terrorista ETA, desaparecida en 2011, siete de ellos implicados en delitos de sangre y por los que ya cumplieron condena, ha servido de munición política al PP y Vox.

Las dos formaciones han ido endureciendo su discurso. Tanto que el pasado viernes, el partido de ultraderecha registró una iniciativa para que el Congreso tomara en consideración la ilegalización de Bildu teniendo en cuenta la Ley de Partidos, una norma nacida en 2002 para ilegalizar las formaciones políticas que apoyaban a ETA. En el comunicado, explicaban que la formación política de la izquierda ‘abertzale’ incurre "de forma grave" en algunos de los supuestos contemplados por el artículo 9 de dicha ley partidos. Entre ellos, “la inclusión en las listas electorales de personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas". Desde EEUU y tras reunirse con Joe Biden, Pedro Sánchez, se refirió a la presencia de exetarras en las listas y dijo que hay "cosas que son legales, pero no decentes".

Con este panorama y desde el PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue el lunes un pasó más allá y planteó abiertamente la ilegalización de Bildu. Se desmarcaba así de la línea oficial de Alberto Núñez Feijóo, que proponía cambiar la Ley de Partidos y la ley electoral (LOREG) para impedir que exterroristas con las penas cumplidas vayan en las listas electorales.

Así las cosas, este martes han renunciado a recoger sus actas de concejales tras el 28-M los siete candidatos de la coalición abertzale condenados por delitos de sangre. Explicaban que querían dejar claro su "compromiso con la máxima de no añadir dolor a quien ha sufrido" mientras Otegi hablaba de un "gesto inequívoco hacia una convivencia democrática".

Esa misma mañana, el Gobierno valoraba de forma positiva la decisión: "Quien ha ganado son las víctimas". En cambio, la oposición mantiene que no es suficiente y que de las listas deben salir otros 37 antiguos miembros de la banda terrorista.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Lo cierto es que no es la primera vez desde la desaparición de ETA, que Bildu se presenta con condenados por terrorismo en sus listas. En concreto, en 2015 fueron nueve y uno de ellos, Juan María Gabirondo, por delitos de sangre. Gabirondo fue condenado en 1989 por la Audiencia Nacional a 29 años de cárcel por el asesinato del coronel José María Picatoste en 1986. Ya, en 2019, Bildu presentó a 13 candidatos que habían sido condenados por terrorismo.

Esta mañana durante la sesión de control al Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, que se han equivocado al hacer sus listas: "Puede ser legal, pero no es decente”. Y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños ha recordado a Vox que "ETA desapareció gracias a la unidad de los demócratas de este país, con gobiernos socialistas en España y Euskadi. Por eso es tan indigno y tan penoso que sigan hablando de ETA porque quieren tapar que no tienen nada para el futuro de los españoles".

En su cara a cara con Nadia Calviño, Carlos Rojas (PP), ha hablado de "indecencia política de sus pactos con Bildu". Y ha añadido: "Usted no sería vicepresidenta sin Bildu porque Sánchez no sería presidente. Ustedes siguen pactando con quienes llevan terroristas en sus listas. Verdad, memoria, dignidad y justicia". La vicepresidenta ha contestado que le puedo hablar de otros datos económicos, pero "a ustedes no les interesa, a ustedes les interesa explotar el dolor de las víctimas, ustedes hablan de ETA y de catástrofes".

Bildu también centro la sesión de control en el Senado con cara a cara incluido de Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. El último capítulo de esta historia es judicial con el archivo de la denuncia de la asociación 'Dignidad y Justicia' por la incorporación de exetarras a las listas. La Fiscalía no ha hallado indicios de legalidad.