La negociación entre PP y Ciudadanos o el juego de las apariencias
Resumen de una semana de desencuentros y polémicas en busca del acuerdo de investidura
Los equipos del PP y Ciudadanos, durante una de las reuniones para impulsar un pacto de investidura. / Chema Moya (EFE)
Madrid
El portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, auguraba que esta podía ser la semana del amor... pero, como en toda relación, las negociaciones no han estado exentas de dificultades.
El primer desencuentro fue a cuenta del contrato único que Ciudadanos proponía y el PP no aceptó. Luego la amnistía fiscal del PP: "Tenemos un punto importante de fricción, queremos luchar contra el fraude y recuperar el dinero que se perdió en la amnistía fiscal", dijo el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Después llegó la negativa de los populares a abordar las reformas institucionales que pedía Ciudadanos. "Si no existe disposición a tocar una coma respecto al Senado, a las Diputaciones o a la despolitización del Poder Judicial es que no hay voluntad política" apuntaba el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta.
En busca de la transparencia y de la democracia interna en los partidos políticos, los equipos negociadores encontraron otro escollo en las primarias, algo que pedía Ciudadanos. Desde el PP se negaron; a juicio de la formación conservadora eso es algo que deben decidir los partidos. En caso del Partido Popular tendría que decidirlo el Congreso Nacional que llevan posponiendo desde 2015 hasta que se produzca la formación de gobierno. Además, el responsable de organización del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, aseguró que "en España ningún partido tiene primarias de verdad".
Ciudadanos y PP continuaban el camino de la negociación, acordando aquellos puntos en los que existía a acuerdo y aparcando para más tarde los que generasen más polémica. Una vez más, la formación de Albert Rivera decía haber encontrado "un freno" porque el PP no hacía las concreciones económicas necesarias para llevar a cabo sus propuestas: "Esto es de una incertidumbre que no nos merecemos. Por favor, cuantifíquennos de una vez las medidas que necesitan ser financiadas con recursos públicos, dígannos de una vez si van a aceptar las reformas institucionales", pedía Girauta. "Lo que desde luego no haremos será firmar meras declaraciones de intenciones", sentenciaba.
En Ciudadanos aseguraban estar "preocupados y consternados". Cada vez que salían a dar una rueda de prensa era para contar que no se habían producido avances. Esta actitud de permanente pesimismo contrastaba con la del Partido Popular que, ante el ultimátum de Ciudadanos (que el jueves fijó en 48 horas el límite de tiempo para cerrar el acuerdo) pedía paciencia y tranquilidad. "Frente a una preocupación que no acabo de entender yo intento trasladar tranquilidad. Nuestra posición es la misma hoy que ayer, utilizamos el mismo sistema de trabajo", tranquilizaba el secretario de estado de relaciones con las cortes y diputado del PP, José Luis Ayllón.
El último desencuentro: la fecha de la firma del acuerdo. Ciudadanos y PP han mantenido un tira y afloja, una vez más, con declaraciones encontradas. Ciudadanos ponía límite de tiempo y el PP solo decía que "cuanto antes, el único límite es la investidura pero, por nosotros, esta misma noche".
La corrupción, según Ciudadanos
Los bailes de la formación naranja con la definición de corrupción merecen un capítulo aparte. Para empezar en el momento de la firma de las condiciones iniciales Ciudadanos concedió que se eliminase la referencia a Bárcenas. Según Girauta, para abarcar más: "Quitando la alusión a Bárcenas se ha ampliado el espectro de la comisión de investigación, que se extiende así a toda la presunta financiación ilegal del PP".
Después Ciudadanos redefinió que era corrupción política: solo aquello que supusiese enriquecimiento directo y financiación ilegal de los partidos. "En el Código Penal no hay una definición para la corrupción política. Por lo tanto, la definimos nosotros porque somos los que hemos puesto el listón más alto en la exigencia a los políticos", dijo Girauta. Hacía referencia a los políticos Chaves y Griñán como un caso claro de corrupción política. Sin embargo, no están acusados de haberse enriquecido de manera directa ni de haber financiado ilegalmente al partido, por lo que su ejemplo no encajaba con la definición que ellos mismos habían propuesto. Tan complicado era defender su posición que se acabó haciendo un pequeño lio, poco menos que un trabalenguas "No se inventen por nosotros, que somos los que damos la definición de lo que exigimos lo que es o no es para nosotros corrupción política"
Aparecía en escena el diputado del PP Oscar Clavell, quien fuera alcalde de un municipio de Castellón, imputado por prevaricación y malversación de fondos públicos. El PP salió en defensa de Clavell y Ciudadanos, que pidió su dimisión, en su momento, en esa localidad pero ahora no. Fue entonces cuando llegó aquella frase de Villegas de "no es lo mismo meter la pata que meter la mano en la caja. Meter la mano en la caja es corrupción política, meter la pata o hacer algo mal no es corrupción política y, por tanto no está dentro del pacto"
Gracias a Ciudadanos el listón de la exigencia contra la corrupción es ahora más alto que nunca, vinieron a decir. Terminaron proponiendo un pacto nacional contra la corrupción. También en esto contaron con las simpatías de los populares.
