Martes, 28 de Septiembre de 2021

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¿Certificado COVID contra la libertad?

Hablamos con Diego Garrocho, Hans-Gunter Kellner y Federico de Montalvo sobre la legalidad y moralidad de las medidas que se toman para combatir la pandemia, especialmente polémicas a raíz del intento de obligatoriedad del certificado COVID

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Hace dos semanas se declaró la ilegalidad del confinamiento por el Estado de alarma, y tan solo un par de días después, en Francia se establecían medidas que limitaban la movilidad y el estatus laboral de las personas no vacunadas. La sentencia contrasta con el resto de países europeos, donde se está reforzando el incentivo a la vacunación para alcanzar la inmunidad de grupo.

Hablamos con el profesor de Ética y Filosofía Política en la Universidad Autónoma Diego Garrocho y con Hans-Gunter Kellner, corresponsal de la Deutschlandfunk Radio sobre la polémica noticia sobre el certificado COVID. En muchas comunidades autónomas este documento digital, que garantiza la inmunidad de su portador, ya es obligatorio para acceder a los establecimientos de ocio. Aunque de momento se descarta estudiar la fórmula de pedir un certificado COVID-19 para entrar en bares o restaurantes, continúa el debate sobre si estas medidas comprometen la libertad de los ciudadanos.

Polémica por la medida

Tomás de la Quadra, jurista y exministro de Justicia en el Gobierno de Felipe González defiende que todas nuestras libertades tienen un límite natural, que es la libertad de no hacer daño a los demás. Es por tanto razonable aplicar una serie de medidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos durante la pandemia. Sin embargo, para Diego Garrocho el problema pasa por la naturaleza no esterilizante de la vacuna. Es decir, la idea de establecer un certificado COVID puede resultar impositiva en tanto que no es una vacuna que elimine el virus por completo.

Acerca de la polémica que ha rodeado a comunidades autónomas como Galicia o Cantabria, el presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, establece la reflexión en torno a la discriminación. El debate surge alrededor del precio de las pruebas que se exigen para poder asistir a ciertos eventos o coger, por ejemplo, un vuelo. Las pruebas PCR cuestan en torno a 100 euros. Esto puede suponer un problema para las personas económicamente vulnerables. Del mismo modo, el grupo de edad en el que se encuentre el individuo puede resultar discriminatorio, ya que tan solo el 40% de la población está vacunada con la pauta completa.

¿Vacunación obligatoria?

En cuanto a la negativa del sector de la población que se resiste a vacunarse, algunos países como Estados Unidos han optado por los incentivos. Sin embargo, determinadas empresas privadas como Google o el Washington Post han anunciado que sus empleados deberán estar obligatoriamente vacunados. Según de Montalvo, en España esto último aún está lejos de implementarse. En todo caso, la legislación establece que será el empresario el que deba proporcionar la vacuna al trabajador si están en riesgo de contagio en el entorno laboral.

A raíz de esto, también surge el debate de si se debería atender en los hospitales públicos a los que se niegan a vacunarse. Sin embargo, sería aceptar la responsabilidad punitiva en salud, algo que en España se ha rechazado durante décadas. Preguntar al paciente por qué ha enfermado sería entrar en un terreno dudosamente ético.

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