Defensa repatrió los cadáveres de los siete militares fallecidos en Irak y practicó las autopsias sin permiso judicial

La Cadena SER ha conocido en medios jurídicos de plena solvencia que el ministerio de Defensa ordenó repatriar los cadáveres de los siete militares muertos en Irak el sábado y sus posteriores autopsias sin conocimiento previo de ninguna instancia judicial.

El ministerio de Defensa ha cometido dos errores en principio sin una clara repercusión jurídica pero que tendrán que ser estudiados a fondo por la Audiencia Nacional.

En primer lugar ordenaron repatriar los cadáveres sin practicar las correspondientes autopsias sin el permiso ni la autorización de ningún juez. En segundo lugar asumieron el traslado y las primeras exploraciones a los cadáveres sin ser de su competencia ya que técnicamente no estamos en guerra con Irak (según el gobierno) y por tanto este suceso escapa a la jurisdicción militar.

En el primer caso fue un general jurídico militar quien advirtió el error de que no podían ser enterrados ya que no existían permisos, ni siquiera intervención por parte de un juez. Entonces se llamó a la Audiencia Nacional y se pidió que el médico forense certificara la causa inmediata de la muerte, un requisito imprescindible para poder ser enterrados. Una vez satisfechos los trámites el juez autorizó su enterramiento.

En el segundo error los responsables de Defensa, alentados tal vez por la urgencia de repatriar a los militares, no se dieron cuente de que no se trataba de un asunto de su competencia puesto que no estamos en guerra con Irak como repetidamente ha señalado el presidente del Gobierno.

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Estos dos errores serán objeto de investigación por parte de la Audiencia Nacional pero lo que por ahora interesa más al juez es que se entreguen todos los informes forenses para completar la investigación.

Además, la Cadena SER ha sabido que la Audiencia Nacional no fue avisada hasta el lunes al mediodía de que los cuerpos de los siete agentes fueron trasladados el domingo por la tarde al Hospital General de la Defensa para practicarles la autopsia.

El Ministerio de Defensa español asegura que un forense militar acudió a la zona de operaciones para encargarse de la repatriación de los cuerpos de los siete agentes asesinados.

Indica que en cuanto los siete cadáveres llegaron a la base de Torrejón este forense pidió a la instancia judicial civil que nombrase a un juez civil para que éste se encargase del procedimiento preciso a seguir en el caso.

En una primera versión, Defensa negó que fueran forenses militares los que se encargaron de practicar las autopsias en un primer momento. Posteriormente asegura que sí fueron forenses militares aunque supervisados por un forense de la Audiencia Nacional.

Explica el Ministerio que Irak es un estado no estructurado, con un gobierno provisional, y sin separación de poderes y que por todo ello, no pudieron encargar a un juez civil que se encargase de los primeros trámites en territorio iraquí.