El marido de la senadora que arropó a Carlos Fabra en su declaración como imputado se benefició de adjudicaciones por parte de la Diputación
la Unión de Consumidores ejercerá como acusación particular en el procedimiento abierto contra Fabra
Madrid
Según ha sabido la Cadena SER, el marido de Carmen Prado, la senadora que arropó a Carlos Fabra en su declaración como imputado en los juzgados de Nules, se ha beneficiado de sustanciosas adjudicaciones por parte de la Diputación de Castellón.
La senadora Carmen Pardo está casada con Rafael Llopis, propietario este último de la empresa de ingeniería "Indecás". Tanto él, a título personal, como su empresa, han trabajado para la Diputación en importantes infraestructuras públicas.
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El marido de la senadora popular que ha apoyado públicamente a Fabra, ha redactado los proyectos del puerto y del aeropuerto de Castellón así como de varias carreteras provinciales. Todo a través contratos de asesoría técnica que en algunos casos llegan a superar los 300.000 euros.
Esta emisora se ha puesto en contacto con Carmen Pardo para preguntar si su apoyo público a Carlos Fabra tiene algo que ver con los contratos públicos de los que se ha beneficiado su marido. Ella se ha negado a contestar. El partido popular en Castellón también responde que la senador no tiene nada que decir .
Otro de los parlementarios del PP que acudieron a Nules junto al todavía presidente de la diputación de Castellón, es el diputado José Ramón Calpe. Es el abogado y antiguo socio de Fabra, que asesoró durante años a empresarios muy favorecidos por la Diputación, entre ellos, Jesús Ger de Marina D'Or. Trabajo que, por cierto, y según ha declarado Calpe a la Cadena SER, aceptó por consejo del propio Carlos Fabra.
LA UNIÓN DE CONSUMIDORES, ACUSACIÓN PARTICULAR
Por otro lado, la Unión de Consumidores ejercerá como acusación particular en el procedimiento abierto contra Carlos Fabra y otros tres imputados por uno o más delitos contra la administración pública.
Ahora la juez de Nules deberá tener en cuenta para este caso además del informe del fiscal jefe el de la acusación particular. En el otro procedimiento abierto por un supuesto delito contra la salud pública y la propiedad industrial, la Unión de Consumidores comparecerá como acusación popular.
También el diario "Levante" cuenta hoy que el fiscal ha solicitado la declaración de varios testigos, entre ellos podrían encontrarse funcionarios del Ministerio de Agricultura.
