Gobierno, fiscalía y jueces acuerdan un "protocolo" para frenar la violencia doméstica

El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y la presidenta del Observatorio Contra la Violencia Doméstica, Montserrat Comas, se han reunido hoy para analizar los últimos casos de muerte de mujeres y menores en los que había vigentes Ordenes de Protección o medidas cautelares de alejamiento. Han acordado mejorar la coordinación, el fluido de información y hacer una evaluación de los casos más graves.

El Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordaron elaborar un protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y coordinación con los órganos judiciales y fiscales, con el fin de mejorar la protección de las víctimas de violencia de género, como medida previa y urgente hasta que se apruebe la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Así lo afirmó hoy la presidenta del Observatorio del CGPJ, Monserrat Comas, tras la reunión urgente convocada por estos tres órganos "a raíz de los últimos acontecimientos que han impactado a la sociedad entera". Comas reconoció que cuando hay fisuras en el sistema legal, judicial y policial corresponde a estas instituciones tomar las medidas adecuadas para mejorar la eficacia.

En la reunión de hoy, según explicó, se ha decidido estudiar un sistema ágil de intercambio de información, respuestas más severas ante el quebrantamiento de medidas cautelares, coordinación de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y priorización de las órdenes de protección de más riesgo. El borrador de protocolo será remitido para su aprobación en el plazo más breve posible a la Comisión de Seguimiento y Aplicación de la orden de protección.

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, afirmó hoy que considera "seriamente" la implantación de la "pulsera electrónica" para los maltratadores con una orden de alejamiento, el teléfono móvil para las víctimas de violencia y la protección policial durante 24 horas en los casos más graves.

El ministro afirmó hoy en León, en un desayuno con periodistas, que en su departamento se trabaja en la elaboración de un "protocolo de actuación" que permitirá mantener "controlados a la mayor parte de los agresores posibles", mediante el uso de "mecanismos electrónicos" y la "priorización de la vigilancia a las víctimas", que puede ser hasta de 24 horas en los casos más graves.

El análisis de los grupos de riesgo, de "más a menos", a fin de determinar la prioridad de las actuaciones será una de las claves de este protocolo. Recordó que hay 6.000 órdenes de protección de víctimas, un número que se prevé que se incremente en el tiempo, y apostilló que "dado que los recursos de la policía del Estado son necesariamente escasos, hay que hacer un protocolo de actuación" para asegurar la situación de las mujeres que puedan ser víctimas de malos tratos.