Las víctimas del 11-M denuncian "descoordinación" entre las administraciones

Madrid

El Ministerio del Interior se comprometió hoy a elaborar protocolos de actuación para facilitar el acceso de las víctimas de los atentados del 11 de marzo a las ayudas de las administraciones, después de que los afectados, que se sienten "olvidados y ninguneados", hayan denunciado la descoordinación existente.

Este es uno de los compromisos adquiridos hoy por el titular de Interior, José Antonio Alonso, en la reunión que, por iniciativa propia, ha mantenido con representantes de la Asociación de Afectados por el 11-M y de la llamada Atocha 11-M, integrada esta última por ciudadanos que no sufrieron las consecuencias de los atentados.

Tal y como aseguró Clara Escribano, representante de la primera de estas asociaciones, las víctimas se han sentido hasta ahora "olvidadas y ninguneadas", sin saber exactamente qué tienen que hacer para acceder a los diferentes tipos de ayuda, desde la económica a la psicológica.

Por ello, ha solicitado al ministro, además de infraestructura para poder canalizar las quejas de los afectados, la elaboración de protocolos de actuación válidos para todas las administraciones públicas implicadas que, además, contribuyan a lograr la máxima coordinación entre éstas -Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Estado- y faciliten el acceso de las víctimas a las ayudas.

COMPROMISO PARA RESOLVER LAS PETICIONES

Alonso se comprometió a resolver las peticiones de las víctimas, que simbolizan, dijo, la "resistencia moral de la sociedad frente al terrorismo". El Ejecutivo, agregó el ministro, quiere darles el máximo apoyo para que "se sientan comprendidas, ayudadas y representadas por un Gobierno cuya prioridad es la lucha contra el terrorismo" y porque "nos debemos a ellas". Alonso dejó claro que el Gobierno mantendrá la política de regularización y de concesión de la nacionalidad para los inmigrantes en situación irregular que se vieron afectados por la matanza y afirmó que "asume esta obligación, que no es sólo política, sino moral".

Hasta el momento, se han tramitado 148 resoluciones de indemnización por fallecimiento por el régimen ordinario y otras 154 por el extraordinario, explicó el ministro, quien precisó que ahora habrá que afrontar las necesidades de todo tipo, incluida la asistencia médica y psicológica, de los más de 1.500 heridos en los atentados.

A TRAVÉS DEL "BOCA A BOCA"

Clara Escribano, representante de la Asociación de Afectados del 11-M, que cuenta con 200 socios, agradeció al ministro que haya sido la primera persona que se ha puesto en contacto con ellos, y reconoció que hasta ahora "no sabíamos lo que teníamos que hacer" para solicitar las ayudas y sólo ha funcionado el "boca a boca".

De ahí, indicó Escribano, la necesidad de los citados protocolos y de infraestructuras para poder canalizar las quejas y necesidades de los afectados, por lo que el Ministerio podría facilitar algún local donde poder ubicarse esta asociación y los servicios de atención psicológica. Actualmente, la asociación se ha instalado en los locales de la Asociación de Vecinos La Colmena y en ella están representadas hasta trece nacionalidades diferentes de víctimas de los atentados.

Escribano criticó la ventanilla única que el Ayuntamiento de

Madrid tiene instalada en la calle de Peña Gorbea, ya que, denunció, los afectados no obtienen en ella la información real de lo que deben hacer y tampoco se les ayuda a rellenar los impresos correspondientes. También lamentó que en algún caso la Policía haya querido deportar a inmigrantes en situación irregular que se han acercado a las comisarías para informar de que habían sido víctimas de los atentados.

Tras los homenajes a las víctimas del 11-M, éstas reivindican que se les "eche una mano en nuestras casas, con nuestra gente", porque, una vez superado el primer "choque por haber viajado ese día en el tren", los problemas persisten, especialmente las secuelas psicológicas tanto en las víctimas como en sus familias.

A LA ESPERA DE LAS INDEMNIZACIONES

Escribano indicó que de momento sólo han recibido indemnizaciones aquellas personas que perdieron a un familiar en la matanza, mientras que los heridos, añadió, sólo pueden empezar a realizar los trámites cuando reciben el alta médica.

Por su parte, Carlos Rodríguez, de Atocha 11-M, explicó que esta asociación cuenta con 12.000 socios no afectados por los atentados y exigió la ayuda de toda la sociedad porque las consecuencias de la matanza "van a ir saliendo día a día, goteando" y la "responsabilidad del pueblo español, que demostró saber plantar cara al terrorismo, es ayudar" a las víctimas.

Las asociaciones quieren reunirse también con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y con el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón.

Los atentados terroristas del 11 de marzo en las estaciones de Atocha, el Pozo, y Santa Eugenia, y la calle Téllez causaron 190 muertos. Aún hoy, casi tres meses después de la masacre, hay diez heridos ingresados en centros hospitalarios, cinco de ellos permanecen en estado grave y cinco leve, según informó hoy la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.