El Gobierno propone un texto alternativo al Estatut que no incluye el término 'nación' ni muchas competencias

El Gobierno y el PSOE han presentado a los cuatro grupos parlamentarios catalanes que apoyan la reforma del Estatuto catalán un texto alternativo en el que no se contempla la definición de Cataluña como 'nación' y que reduce a 18 el número de competencias exclusivas de la Generalitat. El texto alternativo, al que ha tenido acceso 'El País', está compuesto por dos columnas, una con el contenido del texto que salió del Parlamento catalán y la otra con las propuestas del Ejecutivo.

Entre las alternativas del Gobierno, hay un espacio en blanco en el artículo referente a la definición de Cataluña como 'nación", aunque en el resto sí ha suprimido el adjetivo 'nacional' para referirse a esta comunidad. Además, define la condición política de ciudadano catalán como aquella de la que gozan "los ciudadanos españoles que tienen vecindad administrativa en Cataluña". La propuesta socialista también suprime el principio de plurinacionalidad del Estado contemplado en el Estatuto catalán y opta por los de "bilateralidad, multilateralidad, coordinación y colaboración" para referirse a la relación entre Cataluña y el Gobierno.

En cuanto a las competencias, contempla la supremacía de las leyes básicas del Estado y las divide en tres categorías: exclusivas -elimina que son "excluyentes" y que "únicamente" las ejerce la Generalitat"-, compartidas -en materia legislativa, reglamentaria y ejecutiva "en el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley"- y ejecutivas. En la propuesta del Ejecutivo se contemplan 18 competencias exclusivas y propone como compartidas 12 de las recogidas en el Estatuto catalán como exclusivas, entre ellas las relativas a cajas de ahorros, crédito y banca, ordenación del sector pesquero, publicidad y promoción de la competencia. Entre ellas, el Gobierno mantiene como exclusiva la competencia de la Generalitat de convocar "audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular", quedando excluido el "referéndum".

Niega, asimismo, competencias exclusivas al Gobierno catalán en materia de educación, relaciones extracontracturales y contracturales, sobre seguridad nuclear, sobre la regulación de la retribución de la actividad de distribución y de régimen económico aplicable a la dotación de nuevos suministros y la designación del gestor de la red de distribución eléctrica, sobre los órganos jurisdiccionales y arbitrales en materia de deporte o para ejecutar la legislación estatal o comunitaria en cuestiones de vivienda y, en cuanto a transportes, la limita a la red viaria de no interés general. Propone competencias compartidas en la mayoría de las referentes a actividades económicas como, por ejemplo, las referentes a cajas de ahorros, crédito y banca, ordenación del sector pesquero, publicidad o promoción de la competencial. Asimismo, contempla que la Generalitat podrá participar en el nombramiento, y no designar representantes, en el Banco de España u órganos reguladores. Reconoce al Gobierno catalán, también, su participación para calificar obras de interés general y en la planificación de inversiones del Estado.

En materia de Justicia, suprime la competencia exclusiva de la Generalitat sobre los medios personales y materiales y para ordenar los servicios de justicia gratuita. Además, el Gobierno catalán sólo podrá proponer y no crear nuevas secciones de juzgados y modificaciones de la planta judicial. También recoge que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la instancia en la que culmina la organización judicial autonómica, excepto en materia de unificación de doctrina. Reconoce la creación del Consejo de Justicia de Cataluña como "órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial". No obstante, su composición se remite a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Respecto al catalán, el Gobierno socialista aboga porque todas las personas tengan derecho a utilizar las dos lenguas y los ciudadanos de Cataluña el deber de conocerlas. El deber de conocerla se mantiene para los catalanes pero se matiza para acceder al ejercicio de cargos judiciales. Contempla, además, que no se podrá separar a los alumnos por razón de su lengua, aunque la reconoce como vehicular de la enseñanza universitaria y no universitaria. Propone, asimismo, modificar la obligación de que los productos estén etiquetados en catalán, y cambia la palabra "tienen" por "también" puedan estarlo en catalán. Las propuestas socialistas eliminan la exigencia de que el nombramiento del presidente de la Generalitat deba ser firmado por el del Parlamento y toda alusión a su preeminencia protocolaria y lo sitúa después del Rey.

Respecto a la política europea, suprime que las observaciones que haga la Generalitat sean determinantes y la obligación de incorporar un representante del Gobierno catalán en las delegaciones españolas ante la UE y deja en blanco el artículo referente a que Cataluña, en solitario o junto a otras comunidades, pueda convertirse en circunscripción electoral. Por último, reconoce a la Generalitat su derecho a requerir información y participación de representantes en la negociación de tratados internacionales cuando éstos le afecten "directamente y singularmente".