El 'caso Andratx' destapa el cobro de 740.000 euros por favores urbanísticos
La investigación, según publica el diario 'El País' acredita falsedad documental para permitir construcciones en suelo protegido
El caso Andratx, que implica al alcalde de esta localidad balear, Eugenio Hidalgo, del PP, y al cerebro de Urbanismo del Gobierno de Jaume Massot, se basó en la concesión de licencias "absolutamente irregulares", en "certificaciones falsas de suelo" para levantar casas en áreas naturales protegidas y en el cobro de sobornos. Así consta en el auto judicial que ordenó las detenciones y registros, que apunta el cobro de al menos 740.000 euros en comisiones ilegales y que ha adelantado 'El País'.
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La Fiscalía Anticorrupción ha documentado pagos ilegales al alcalde y a su socio, el inspector de obras, Jaume Gibert, por valor de 740.000 euros, la mitad a cada uno. Andratx es uno de los municipios de Mallorca donde las residencias de verano tienen mayor valor y donde más han proliferado los destrozos paisajísticos en su litoral.
El municipio mallorquín mantiene la reglamentación urbanística de la época de la dictadura y la tutela administrativa era inexistente. Los ecologistas y la oposición llevaban casi dos años denunciando en los tribunales la gestión de Hidalgo, por sus ilegalidades y el destrozo de los paisajes naturales. El PP, tras la detención del alcalde, se desmarcó de su actuación y recordó que durante más de un año, en 2004, fue aliado local del PSOE.
Multitud de delitos
Según El País, Hidalgo y el funcionario inspector Gibert, con la complicidad de un testaferro, tenían un "entramado de sociedades" que disfrazaba la procedencia del dinero negro. El alcalde y el inspector de obras estaban "vinculados como socios y receptores de dinero", mantenían negocios "con relaciones estables" y "se repartían los beneficios", señala el auto.
Los diferentes delitos enmarcados en el caso Andratx son contra la ordenación del territorio, falsedad documental, prevaricación, cohecho, asociación ilícita, de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios públicos y delito fiscal. Los imputados principales se han acogido a su derecho de no declarar ante la Guarda Civil.
