El Gobierno reactiva las medidas contra la corrupción urbanística en los ayuntamientos

El Gobierno está decidido a aprobar normas para evitar que los miembros de los consistorios municipales puedan estar al servicio de intereses privados, como ha ocurrido en ocasiones con el 'boom' del ladrillo. Lo hará en la Ley de Bases de Administración Local, que al Ejecutivo le gustaría sacar antes de las elecciones municipales y autonómicas.

Se determinará, en primer lugar que los alcaldes, concejales y altos cargos de los ayuntamientos tendrán el mismo régimen de incompatibilidades que rige para la Administración del Estado. Esta incompatibilidad les prohíbe trabajar durante dos años en un ámbito sobre el que hayan dictado resoluciones. Además, los ayuntamientos deberán disponer de un registro de intereses de los ediles, que recoja los asuntos sobre los que no pueden pronunciarse por ser pacte interesada.

Por otro lado, las recalificaciones de suelo, los convenios urbanísticos o las permutas de terrenos o inmuebles deberán aprobarse en el pleno municipal y no simplemente en una comisión o por decisión del alcalde.

Estas disposiciones irán en la nueva ley de Bases de Administración Local. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, mantendrá reuniones el miércoles próximo con los grupos parlamentarios, para sacar adelante ya la citada ley. Si estos prefieren esperar a que pasen los comicios, las normas anticorrupción se incluirían en la ley del suelo durante su tramitación en el Senado.