La declaración del sastre de Camps da un fuerte impulso a la investigación del 'caso Gürtel'

Madrid

Se reanudan las declaraciones ante el Juez que investiga el caso Gürtel en Valencia. Por el Tribunal de Justicia desfilarán este martes 35 altos cargos de la Generalitat que han participado en alguna adjudicación a la empresa Orange Market que dirige Álvaro Pérez.

La semana pasada fueron interrogados, acusados de un presunto delito de cohecho, Francisco Camps y Ricardo Costa. También lo hizo en calidad de testigo el sastre José Tomás cuyo testimonio, según fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER, ha dado un importante impulso a la investigación y el caso está más lejos de archivarse.

José Tomás dijo a los periodistas después de prestar declaración durante casi 6 horas que le había contado al magistrado José Flors más cosas que a su compañero Garzón. Y así fue. Según fuentes jurídicas, el sastre recordó ante el Juez de Valencia los encargos de ropa que habría recibido del President Francisco Camps y de su número dos, Ricardo Costa, así como las fechas en las que éstos se produjeron. El último, hace menos de un año con motivo del Gran Premio de Fórmula 1 que se disputó en Valencia.

Tomás le explicó también al juez que las compras de los trajes se apuntaban en la cuenta del número dos de la trama, Pablo Crespo, quien periódicamente liquidaba los gastos. Según estas fuentes, los intentos de los abogados de Camps y Costa por poner en evidencia las contradicciones del sastre fueron en vano. Añaden que José Tomás ofreció detalles que difícilmente responden a una historia inventada y que el caso está ahora más lejos de archivarse.

Declaran altos cargos

Este martes 35 altos cargos y funcionarios del Gobierno de Francisco Camps prestarán declaración en calidad de testigos ante el juez instructor. El objetivo de estas citaciones es averiguar si se ha respetado la Ley en las adjudicaciones que la Generalitat ha concedido a Orange Market desde que Camps preside el Consell.

La empresa de Álvaro Pérez ha recibido en ese periodo entre 6 y 8 millones de euros en contratos públicos. La Fiscalía quiere averiguar si existe alguna relación entre los trajes que presuntamente Camps y Costa recibieron de las empresas de la trama y estos contratos.