El mapa de la corrupción en España

Madrid

Valencia, Andalucía, Canarias y Galicia son las cuatro comunidades con mayor número de imputados por delitos de corrupción en las listas que concurren a las autonómicas con delitos de prevaricación urbanística, cohecho y tráfico de influencias. Las elecciones autonómicas del 22 de mayo llevan a más de un centenar de imputados en las listas.

Alcaldes, concejales, altos cargos enredados en procesos judiciales abiertos y todos vinculados a casos de corrupción. España es uno de los países de Europa donde un mayor número de políticos imputados por jueces se presentan para gobernar regiones y municipios en los próximos cuatro años. El 80% de los imputados se reparten en el PP y el PSOE, aunque el Partido Popular acumula un mayor número de imputados y las causas más graves en los tribunales.

Por el número de imputados, es Andalucía la comunidad que encabeza este listado, aunque hay que tener en cuenta que esta comunidad autónoma tiene un mayor índice de población y de municipios que el resto. Además, sólo en cuatro comunidades, Cataluña, País Vasco, Navarra y La Rioja, no aparecen imputados entre los candidatos.

Por otro lado, el 70% de las imputaciones termina en condena cuando Fiscalía y Policía mantienen la acusación, y según los expertos europeos consultados por la SER, existe una correlación entre la percepción de la corrupción y la desafección política de los ciudadanos.

Manuel Villoria, miembro ejecutivo de Transparencia Internacional, hace referencia a uno de los últimos informes de la organización europea. "Una encuesta, elaborada por varios autores junto al equipo de investigación del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), que se centró en opiniones sobre la ética pública y las actitudes hacia la corrupción pública en España. Se pueden definir tres factores que lo explican: La corrupción en el Estado de derecho, corrupción regulatoria y corrupción política. Pues bien, dichas variables indican que a más corrupción percibida menor satisfacción con la democracia, con el Gobierno, con el partido de oposición y se hace más justificable incumplir normas. Todo ello, en su conjunto, crea un círculo vicioso de desconfianza institucional", concluye Villoria.

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Jesús Sánchez Lambas, miembro del comité ejecutivo de Transparencia Internacional y director de la Fundación Gregorio Marañón, mantiene que "lo malo no es que haya tantos imputados. Se ha tardado mucho en perseguir estos delitos". Y mientras la anterior legislatura se ha caracterizado por numerosas operaciones policiales contra la corrupción, casos abiertos hoy en los tribunales, podría ocurrir que en la siguiente legislatura alguno de los cien imputados elegidos acaben inhabilitados. Según Sánchez Lambas, "el dato es objetivo, si los fiscales y la Policía mantienen la acusación, uno de cada siete imputados acaba condenado".

La legislación española no impide que un imputado se presente para ser elegido alcalde, concejal o diputado autonómico sin embargo, esa misma legislación en el artículo 177.2 de la ley Orgánica 5/ 1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece que si un ciudadano tiene una deuda con su municipio no puede presentarse a las elecciones municipales. Si un vecino le debe el IBI al ayuntamiento no puede ser elegible. Si un alcalde o un concejal han sido denunciados, el juez ha investigado y ha encontrado indicios de delito y determina que esas personas deben ser juzgadas, después de respetar en todo momento la presunción de inocencia, esas personas sí pueden ser elegibles.