Un colegio concertado de Castellón amenaza de cierre por los impagos del Gobierno valenciano

La situación por el impago ya es "insostenible" y de seguir así se verán "obligados al cierre". Así concluye la circular remitida ayer a los padres por la dirección del colegio laico concertado Ramiro Izquierdo de Castellón. Junio fue el último mes que cobraron lo pactado del Ejecutivo de Alberto Fabra que les debe 104.000 euros en gastos de funcionamiento por el periodo comprendido entre julio y diciembre. Pero la situación es idéntica en los 450 colegios concertados de la Comunidad valenciana. La deuda del Consell asciende a 50 millones de euros y afecta a los 225.000 niños que estudian en ellos.

El presidente Alberto Fabra dijo el miércoles que su "voluntad" es poder resolver el asunto en las "próximas semanas" y emplazó a estos colegios a una reunión el viernes sin comprometer plazos de pago. Los padres recuerdan que el Gobierno valenciano "ya incumplió" su promesa de abonar una parte de la deuda antes de que concluyera 2011.

La deuda también afecta a los centros públicos aunque su situación no es tan crítica porque los ayuntamientos asumen el mantenimiento. La angustiosa realidad de la tesorería valenciana y el tijeretazo anunciado de 1.057 millones para 2012, amenazan con quebrar su sistema educativo.

La carta remitida por el colegio Ramiro Izquierdo de Castellón informa a los padres de la "crisis" que sufre el centro porque la Consejería de Educación les debe por los últimos 6 meses de 2011 un total de 104.699 euros. Un dinero con el que afrontan el pago del personal de limpieza o administración; el suministro de luz, teléfono o material didáctico y el mobiliario o las pólizas de seguros entre otros conceptos. El centro ha asumido hasta la fecha el coste con fondos propios pero se encuentra casi al límite de su capacidad para soportar los gastos de mantenimiento y "lamentablemente" en breve tendría que "cerrar" hasta que el Gobierno valenciano abonara la deuda y "la situación se regulara".

La situación es más grave en el Ramiro Izquierdo de Castellón que en otros centros de similares características porque además, este colegio asumió los costes del bono-libro de sus alumnos y la Generalitat tampoco lo ha pagado. El bono-libro es una ayuda del Consell a los padres para la adquisición de los manuales que utilizarán durante ese curso sus hijos.

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El Ramiro Izquierdo negoció directamente con las editoriales la compra de los volúmenes y descontó a los padres el dinero que preveía ingresar en octubre del Ejecutivo valenciano por este concepto y sigue sin cobrarlo como les sucede a todas las librerías de la Comunidad, que cada año rebajan el porcentaje correspondiente en el precio de venta al público confiando en que, como ha sucedido hasta la fecha, abone la ayuda entre los meses de septiembre y octubre. El Gremio de Libreros y la Unión Gremial de la Comunidad valenciana aseguran que el Ejecutivo de Fabra les debe 31 millones de euros por este concepto y durante el medio día del viernes se concentrarán frente a la Consejería de Educación.

La responsable de la federación de la enseñanza concertada del sindicato Comisiones Obreras en la comunidad, Pepa Ramis, denunció ayer que la situación en los 450 colegios valencianos es "dramática" y algunos ya no pueden afrontar "el pago de nóminas" de sus trabajadores de mantenimiento. Añadió que determinados centros incluso han llegado a pedir a los docentes que "renuncien" a la paga de Navidad o "aparte de su salario" para "poder pagar" a estos trabajadores.

Desde la Asociación de Educación y Gestión, que agrupa en la Comunidad a gran parte de los centros concertados, su presidenta, Vicenta Rodríguez, desveló que en muchos casos "ya remitimos cartas" a los padres "antes de Navidad" comunicando la "gravedad" de la situación. Asevera que un gran número de colegios concertados tienen "la caja vacía" y ya no saben "de dónde sacar" para "mantenerlos abiertos".

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que acudió el miércoles a Vila-real (Castellón), para inaugurar un colegio público, aseguró que su Gobierno "está trabajando" para resolver el problema "en las próximas semanas". La consejera de Educación, María José Catalá, quiso transmitir "tranquilidad" y manifestó que en la reunión prevista el viernes con los representantes de esta comunidad educativa espera ofrecer "no solo buenas palabras". Catalá no quiso hablar de fechas para el pago de al menos parte de la deuda.

Los padres y diversos colectivos desconfían de las promesas del Gobierno valenciano. El portavoz de la Federación de Escuelas Católicas de Castellón, Manuel Ortiz, recuerda que la Generalitat ya ha "faltado a su palabra en dos ocasiones". Lamenta que la Consejería de Educación "prometió" que les pagaría "una parte" antes de finalizar 2011 y aún no han visto "ni un euro".