Hasta siete millones de fianza a cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia
Para hacer frente a posibles responsabilidades civiles por las prejubilaciones millonarias que recibieron
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha impuesto fianzas de hasta siete millones de euros a cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia para que puedan hacer frente a las eventuales responsabilidades civiles en que pudieran incurrir en la causa que investiga la su posible responsabilidad penal por las prejubilaciones millonarias que recibieron.
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Según el auto hecho público este martes, se imponen 7.021.352,57 euros al que fuera director general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes; 1.218.136,53 euros a Gregorio Gorriarán, que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos antiguas cajas gallegas; 347.920,02 euros a Óscar Rodríguez Estrada, uno de los responsables de la oficina de integración; y 1.925.222,90 euros al exdirector general de la caja única, José Luis Pego.
Además, el juez requiere igualmente al que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, los mismos importes como responsable civil solidario. Si no pudieran afrontar estas fianzas, el titular del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional prevé el embargo de sus bienes por la misma cantidad.
El juez justifica la adopción de esta medida cautelar ante la "existencia de indicios racionales de criminalidad", a tenor del "contenido de la documentación e informes periciales obrantes en la causa". El magistrado Ismael Moreno dice que Pego, Gorriarán, Rodríguez y García de Paredes, "con la colaboración necesaria" de Fernández Gayoso, habrían acordado "mejorar sus contratos" de Alta Dirección de la entidad, con "menoscabo del patrimonio" de la misma, percibiendo en definitiva "elevadas sumas de dinero" con ocasión del cese de sus actividades, en "abuso de las funciones" de su cargo y "pleno conocimiento" de la "dificilísima situación económica" por la que atravesaba la entidad crediticia, disponiendo "fraudulentamente" de sus bienes. El juez dice que existen indicios de que los exdirectivos actuaron "en su propio beneficio y para asegurar sus intereses personales".
Todos ellos están imputados en la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida.
