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El Senado aprueba el Proyecto de Ley de Tasas Judiciales que rechazan todos los grupos

Una Cámara Alta prácticamente vacía por la Huelga General aprueba el pago de hasta 750 euros para poder recurrir decisiones judiciales

El Senado ha rechazado las seis enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición y aprueba el Proyecto de Ley de Tasas Judiciales impulsado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, que prevé el pago de entre 50 y 750 euros como requisito inapelable para poder recurrir las decisiones de los jueces.

El proyecto de Ley tiene ya el visto bueno del Senado y, por tanto, su entrada en vigor se producirá en los próximos días, después de que supere el último trámite formal del Congreso de los Diputados. La Cámara Alta ha estado prácticamente vacía con motivo de la huelga general. Los senadores del PSC-ICV y de IU no han estado presentes.

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Las nuevas tasas judiciales han desatado las críticas, además de todos los partidos excepto el PP, de todas las asociaciones de jueces y fiscales, abogados, procuradores, así como del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de la Abogacía.

La mayoría parlamentaria del Partido Popular en ambas cámaras ha sido suficiente para que el proyecto siga adelante y solo han dejado exentos de tasas los procesos monitorios y verbales, en el ámbito civil, que se refieran a cuantías inferiores a 2.000 euros, y han reducido el 60 por ciento del impuesto en el caso de las tasas en el orden social.

El sistema de pago por el acceso a la Justicia supone, por ejemplo, que un particular que recurra una disposición o acuerdo del Gobierno que considere injusta, a través del correspondiente pleito contencioso-administrativo ordinario, tendrá que pagar 2.350 euros en caso de llegar hasta el Tribunal Supremo.

Un trabajador despedido de su empresa que considere que la extinción del contrato ha sido improcedente, tendría que desembolsar 1.250 euros si debe llegar al Supremo, a sumar a lo que le cobre el abogado y el procurador.

Un trabajador que vea desestimada su demanda en el juzgado de lo social tendrá que pagar 500 euros por recurrir. Reclamar por una multa de tráfico, puede costar más que el importe de la misma multa.

En materia de consumidores y usuarios, un simple juicio verbal costará 150 euros más, con lo que en muchas ocasiones, no valdrá la pena reclamar y se verán beneficiadas las grandes empresas.

El Grupo Socialista, señala que la Ley tiene un único afán recaudatorio, y que afecta al derecho fundamental del ciudadano a reclamar y recurrir a la justicia, al limitar el acceso a la misma.

El Ministerio de Justicia, que espera ingresar con la subida 306 millones de euros al año, frente a los 164,4 millones que se embolsó en 2011, justifica la medida en la necesidad de asegurar, con el dinero recaudado, el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para aquellos ciudadanos que carezcan de recursos para litigar.

El Proyecto de Ley que extiende el pago de tasas judiciales a las personas físicas, es decir, a todos los ciudadanos, quedara así:

En el orden civil

Juicio verbal y cambiario: 150¤

Juicio ordinario: 300¤, Monitorio: 100¤, Apelación: 800¤.

En el orden contencioso-administrativo

Procedimiento abreviado: 200¤

Procedimiento ordinario: 350¤

Apelación: 800¤.

En el orden social

Recurso de suplicación: 500¤

Recurso de casación: 750¤.

Además, se tendrá que pagar un gravamen entre el 0.25% y el 0.50%.

Presupuestos

Por otra parte, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido hoy en el Congreso de los Diputados el presupuesto de su departamento para el próximo ejercicio, que se reduce en un 4,2 por ciento hasta alcanzar los 1.507 millones de euros frente a los 1.574 millones de euros del año en curso. Entre sus partidas, este departamento mantiene el gasto en Justicia Gratuita y en modernización tecnológica en los juzgados y tribunales.

 
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