Ofensiva parlamentaria del PSOE contra las nuevas tasas judiciales de Gallardón

Son once iniciativas que se discutirán en seis comisiones distintas del Congreso de los Diputados. Pero todas tienen el mismo objetivo: que el Gobierno deje sin efecto la ley de tasas para determinados colectivos, como las víctimas de violencia de género, los afectados por preferentes, los que sufren negligencias médicas o los consumidores.

El PSOE continúa su lucha contra la ley de tasas judiciales, con la presentación de una batería de iniciativas en el Congreso para reclamar que las personas físicas no tengan que hacer frente al pago del nuevo canon establecido para la justicia. De aplicarse la nueva ley, dicen en el PSOE, se limitará el derecho a la justicia de muchas personas que no podrán hacer frente a la nueva tasa.

Seis comisiones del Congreso debatirán en las próximas semanas estas propuestas en las que se pide por ejemplo que no tengan que pagar las nuevas tasas los colectivos más vulnerables. Es el caso de las víctimas de violencia de género, que los socialistas creen que pueden ver limitado su derecho a presentar demandas de divorcio o separación si tienen que pagar las nuevas tasas. También presentan propuestas para que se exima del pago del canon a los consumidores que reclaman ante una compañía, los afectados por negligencias médicas o los inmigrantes a los que se les deniegue la entrada a España.

Otros colectivos que se beneficiarían de las iniciativas socialistas, si el Congreso las aceptara, son las personas que recurran una multa de tráfico, las víctimas de violencia de género que recurran a la vía civil o los afectados por las participaciones preferentes entre otros. También los trabajadores que se vean perjudicados por alguna decisión empresarial.

El PSOE ya ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas que entra hoy en vigor. Consideran los socialistas que vulnera dos artículos de la Constitución, el que establece la igualdad de todos los españoles y el que da derecho a una tutela judicial efectiva.

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