Todos rechazan la Ley de tasas judiciales

La norma, aprobada la semana pasada en el Senado, fue rechazada por todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, así como por el Consejo General del Poder Judicial, al considerar que vulnera el derecho a tutela judicial efectiva. Los senadores de la oposición consideran que este proyecto es la creación de "una justicia para pobres y otra para ricos".

Esta ley aumenta considerablemente las cuantías de las tasas que se deben pagar para presentar recursos, a veces serán iguales o superiores a lo que se reclama, y supondrá importantes desembolsos, miles de euros, para llegar "hasta el final" en procesos judiciales tan habituales como la reclamación de daños por un accidente de tráfico o por una negligencia médica, pero también por causas muy comunes entre los consumidores. Para conocer la opinión sobre éste polémico asunto, SER Consumidor ha preguntado a diferentes sectores de la sociedad, asociaciones de consumidores, de víctimas, jueces y abogados para saber su opinión sobre la citada Ley, que mañana entra en vigor.

Ileana Izverniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

"Es la defunción de la protección de derechos de los consumidores"

"OCU considera que es una ley con dos objetivos: la disuasión y la recaudación. Lo aberrante es que el efecto disuasorio no es para el incumplidor, sino para el ciudadano que ve como se vulneran sus derechos y acuda a la justicia con el objetivo de que se le restituyan.

Esta norma ataca de forma frontal el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de nuestra ley fundamental. Es la defunción de la protección de los derechos de los consumidores ya que para una reclamación de unos 150 euros (cuantía por la que se sustancian muchas reclamaciones de consumo), el importe a pagar en concepto de tasa son 150 euros."

Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza

"Las costas son desproporcionadas"

"Las cuantías económicas son desproporcionadas por exceso y por tanto inconstitucionales ya que afectaran, sobre todo a las clases medias y consumidores que ganen más de 1500 euros brutos mes, por lo que impiden el derecho a la tutela judicial muchos ciudadanos y esperamos que los jueces planteen cuestión de inconstitucionalidad".

José Carlos Cutiño, secretario del Foro de Juristas Expertos en Derecho del Consumo (IUREX.CON)

"Será imposible sostenerle el pulso a grandes empresas de servicios"

"La reforma aprobada propicia un escenario en el que el ciudadano solo podrá acceder a la Justicia que se pueda pagar, algo aberrante e impensable en un Estado de Derecho, con lo que habrá una gran parte de la Sociedad que se verá excluida del acceso a la Justicia en todas sus instancias, propiciando su indefensión y vulnerando su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. En el ámbito concreto del consumo, el acceso a la Justicia ha estado minimizado por una relación coste-beneficio cuestionable. Con estas nuevas medidas tributarias se convierte en misión imposible sostenerle el pulso judicial a las grandes empresas de servicios, cadenas comerciales o entidades financieras o aseguradoras de ilimitada capacidad litigadora, abonando el terreno a los abusos".

Consejo General de la Abogacía Española

"Impedirá el acceso a la justicia de la mayoría"

"La entrada en vigor de la Ley de Tasas va a producir unos efectos disuasorios entre los consumidores y va a crear unas barreras que impedirán el acceso a la Justicia a la mayoría de la población. Estas tasas tienen un carácter excluyente, injusto, aberrante, desorbitado e inconstitucional; van a crear una Justicia para ricos y otra para pobres. Con esta Ley pretenden que los ciudadanos compremos el derecho fundamental de acceso a la Justicia, que ya es nuestro".

Carlos Sardinero, abogado de la Asociación del Defensor del Paciente

"Los usuarios, desahuciados de la justicia"

"La Ley de Tasas Judiciales supone desahuciar a los consumidores y usuarios de su derecho a acceder a la Justicia, al traducirse en la imposición de un obstáculo oneroso y desproporcionado para el ejercicio de un Derecho Fundamental reconocido por la Constitución. Nunca antes se había tenido que comprar un Derecho Fundamental. En definitiva, agilización de la Justicia para los ricos, desaparición de la Justicia para la clase media, sin posibilidad de justicia gratuita ni de soportar las tasas, y vía libre para posteriores violaciones de los derechos de los consumidores."

David Hurtado, portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)

"Acrecenterá las desigualdad de los usuarios"

"CECU quiere mostrar su firme oposición a unas tasas que conllevarán una importante traba para que los consumidores puedan reclamar y hacer efectivos sus derechos. La Confederación entiende que esta medida supondrá un tremendo retroceso en el acceso a la justicia de los consumidores, ya que su efecto disuasorio favorecerá el incremento de reclamaciones insatisfechas y acrecentará la vulnerabilidad y desigualdad de los usuarios frente a los operadores del mercado, quedando impunes prácticas empresariales que deberían ser sancionadas":

Alejandro Zornoza, Asociación General de Consumidores (ASGECO)

"Expulsará a los consumidores de la vía judicial"

"La justicia para todos nunca existió; siempre fue para quien se la pudo pagar. Esto es tan cierto como que la justicia no puede ser inhumana, porque la aplican los hombres, y estos son humanos. Los importes reclamados en un proceso de consumo a menudo son más bajos que las costas del propio proceso. Aunque siempre hemos apostado por sistemas alternativos como el arbitraje o la mediación, lo cierto es que la nueva Ley de Tasas Judiciales terminará por expulsar a los consumidores de la vía judicial".

Miguel Ángel Ruiz, vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA)

"Aumenta la desprotección"

Supone una merma importante en el derecho a la tutela judicial efectiva y un aumento de la desprotección en momentos tan críticos como este. Mejorar los sistemas telemáticos, los recursos humanos y los sistemas de mediación y arbitraje evitaría la saturación de los juzgados. Subir las tasas judiciales sólo acentuará las diferencias sociales.