Diversos colectivos judiciales rechazan las medidas de Interior contra los 'escraches'

Asociaciones judiciales y sindicatos de policía coinciden en que nunca hasta ahora se había actuado con órdenes expresas contra quienes protestan contra dirigentes políticos. Jueces para la Democracia habla de "instrucciones que amparan a la Policía para que actúen de forma desproporcionada" según su presidente, Joaquim Bosch.

Una instrucción desproporcionada, cercena la libertad de expresión y protesta de los ciudadanos y de difícil encajejurídico. Es la valoración de diferentes colectivos a la orden del Ministerio del Interior. La instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad enviada a las comisarías de Policía ordena a los agentes identificar, sancionar y detener en caso de que observen un acto delictivo a quienes protesten contra dirigentes políticos en las acciones conocidas como 'escraches'. Un tipo de acción protesta que han recuperado las Plataformas de Afectados por la Hipoteca para presionar en la tramitación de la ley hipotecaria a favor de la iniciativa legislativa popular contra los desahucios.

A juicio de Joaquim Bosch, presidente de Jueces para la Democracia, "Nunca hasta ahora se había actuado con identificaciones como ahora. Se está jugando con términos del lenguaje como hace muchas veces este Gobierno. Comparando lo que es un acoso u hostigamiento de tipo penal que tiene una gravedad sancionadora suficiente para permitir que actué la policía. En este caso, estamos ante meras formas de protesta que demuestran resultar muy molestas para el partido que apoya al Gobierno".

Al igual que otros magistrados de asociaciones consultados por esta emisora, Bosch considera exagerada la decisión de emitir una orden expresa para identificar a quienes secunden estas movilizaciones. Y hace una reflexión de fondo "Este tipo de formas de protesta pueden ser discutibles y se puede abrir un debate sobre ellas. ¿Es correcto que puedan alcanzar el ámbito privado de los cargos públicos? ¿Se deberían ceñir a los espacios públicos? Sin embargo, lo que no puede justificar es el uso por parte del Estado de vías represivas para impedir que la libertad de expresión. La libertad de crítica, puede ejercerse y sin duda cuando hay personas que ocupan cargos públicos tienen el deber de soportar las críticas aunque a veces puedan ser incómodas".

El Gobierno vasco y la Generalitat se han desmarcado de la instrucción y no darán cumplimiento a la orden de Interior, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza seguirán actuando como hasta ahora y según la necesidad de cada incidencia. En el caso del País Vasco, la plataforma Stop Desahucios Bizkaia ha anunciado que la próxima semana continuarán con la campaña de "escracher" en lugares públicos, "nunca" en domicilios. En el objetivo de las protestas, el presidente de los populares Antonio Basagoiti y el diputado popular Leopoldo Barrera.

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El SUP considera "una barbaridad" la instrucción de Interior

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, ha considerado este viernes una "barbaridad" la instrucción del Ministerio del Interior para la actuación policial en los escraches, ya que pone a los agentes "a los pies de los caballos" y en riesgo su seguridad jurídica.

Jose María Benito ha respondido así, en declaraciones a Efe, a la instrucción de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía que se ha distribuido por todas las comisarías y en la que se señala que la policía deberá proceder "en primer lugar a identificar para sancionar a quienes participen" en actos de hostigamiento y acoso a miembros de partidos políticos o sedes de partidos.

Ha recordado que la misión de las fuerzas de seguridad del Estado es proteger a cualquier persona que se sienta amenazada, sea político o no, y evitar que se perpetren actos delictivos contra ella.

Sin embargo, Benito cree que la instrucción de Interior supone "retorcer" la ley de Seguridad Ciudadana porque "si no se está cometiendo ningún delito ni ninguna infracción administrativa, identificar a los ciudadanos y proponerlos para sanción es hacer una lectura torticera" de esa normativa.

Una lectura que, ha advertido José María Benito, puede llevar a identificaciones masivas "sin cobertura legal alguna", lo que, en su opinión, pone en "riesgo" la seguridad jurídica de los policías.