La unidad de apoyo de la Intervención General ultima un informe que acredita la contabilidad B del PP que figura en los 'papeles de Bárcenas'

Madrid

La IGAE y la Agencia Tributaria están elaborando sendos informes sobre las cuentas del Partido Popular a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. La Intervención General del Estado es la que lo lleva más avanzado y ya ha remitido a los investigadores un informe parcial que acredita la veracidad de los papeles de Bárcenas que reflejan la contabilidad b del partido que sustenta al Gobierno. Una vez que los informes estén concluidos se presentarán ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.

La existencia de una contabilidad b en el Partido Popular ya estaba fuera de toda duda para los investigadores pero por si acaso la unidad de apoyo de la Intervención General de la Administración General del Estado, adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, quiere apuntalarla. Los peritos ultiman un informe que avala la veracidad de los papeles del extesorero, Luis Bárcenas, y que acredita que en la calle Génova existía una contabilidad paralela. Este documento, que ya ha sido remitido parcialmente a los investigadores según han confirmado a la Cadena SER fuentes del caso, concluye que hay conexión entre la contabilidad b o los llamados papeles de Bárcenas y la contabilidad oficial.

El documento también analiza el préstamo de 24.000 euros que el partido concedió a Pío García Escudero para remodelar su vivienda después de sufrir un atentado de ETA. Aunque penalmente resulta irrelevante, a los peritos no les cuadra que en la contabilidad del PP figure una salida de 6.000 euros vinculada a la devolución del dinero que había pedido García Escudero.

No es este el único informe que ha pedido anticorrupción que también espera el de la Agencia Tributaria. Aunque ahora, según fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER, todas las miradas apuntan a Luis Bárcenas. Estas mismas fuentes apuntan a que el juez debería señalar su declaración lo más pronto posible aunque dan por hecho que no contará en sede judicial las mismas cosas que en la prensa. Y ponen un ejemplo, si reconoce la comisión de 200.000 euros a cambio de la adjudicación de un contrato por parte del Ayuntamiento de Toledo se estaría imputando un delito de cohecho.