FACUA denuncia a operadoras de telefonía por cobrar las facturas en papel
Jazztel, Vodafone y Yoigo llegan a cobrar a los consumidores hasta 1, 21 euros al mes por recibir las facturas físicas
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a las operadoras de telefonía Jazztel, Vodafone y Yoigo por cobrar la emisión de factura física y su envío a domicilio. La organización presentó sus quejas ante el Instituto Nacional de Consumo (INC) y a las autoridades de protección al consumidor de varias comunidades.
Según Facua, Vodafone y Yoigo advierten en sus contratos y en su página web el cargo en concepto de "costes de impresión y de envío de la factura" en papel o por la "factura detallada". Y Jazztel indica a sus clientes en la factura de este mes que "a partir del 21 de septiembre de 2013, el coste del Servicio de Envío de Factura en Papel para los clientes que o hayan solicitado o lo hagan a partir de este momento, será de 1 euro/ mes (1,21 euros con IVA, 1,07 euros con IGIC) en concepto de trámites de gestión"
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"La justificación que alegan estas compañías telefónicas es que la facturación física de los importes adeudados debe considerarse un servicio adicional y no un derecho reconocido, al interpretar que a día de hoy existe la posibilidad de recibirlas por medios electrónicos o telemáticos" indica FACUA en un comunicado, que considera que no se puede obligar al consumidor a recibir las facturas vía online, ya que éstas son un documento que "por derecho se debe recibir gratuitamente"
FACUA recuerda que la factura "tiene la función de acreditación del contrato que posee el usuario con la compañía, bien de celebración y términos del mismo, bien de su ejecución"
El INC , en un reciente informe, indicaba que el cobro por la emisión de facturas en papel es una "práctica abusiva y contraria a la buena fe". Añade, además, que el cargo por la emisión en papel es una cláusula abusiva ya que "es una condición general incorporada a un contrato que no ha sido negociada individualmente y que, en perjuicio del consumidor, produce un desequilibrio importante entre los derechos de ambas partes, que es contrario a la buena fe por limitar los derechos reconocidos legalmente al consumidor"