El tribunal que juzga a Fabra intentó vaciar de contenido la causa
Ni la acusación popular ni la Fiscalía Anticorrupción han solicitado su recusación
Castellón
Los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón que desde este miércoles juzga a Carlos Fabra son los mismos que en mayo de 2012 intentaron retirar la acusación de cohecho contra el expresidente del PP y de la Diputación de Castellón.
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Se trata de los magistrados Pedro Luis Garrido, Aurora de Diego y Esteban Solaz, que preside la Sala y es miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Los tres magistrados que desde hoy juzgan al exmandatario provincial son los mismos que en mayo de 2012, basándose en una resolución de la Sección Segunda, instaron al juez instructor de la causa, Jacobo Pin, a que retirara la acusación de cohecho. La más grave contra el antiguo líder del PP en Castellón ya que puede acarrearle cinco de los 13 años que le piden de condena.
Esa decisión provocó que Jacobo Pin pidiera el amparo del Consejo General del Poder Judicial, por las "injerencias" de la Audiencia de Castellón y al ver "perturbada" su independencia.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la UCE, acusación popular en el caso, recurrieron la decisión al Tribunal Supremo que revocó la decisión de la Audiencia Provincial y permitió que Fabra pueda ser juzgado por este delito, además de por tráfico de influencias y cuatro fraudes fiscales.
Fabra pide que se aparte a la acusación y anular a los peritos de Hacienda
El abogado defensor de Carlos Fabra, Javier Boix, ha solicitado en su turno de intervención sobre las cuestiones previas antes del juicio, que sea apartada del proceso la UCE, acusación popular, por "acusación sorpresiva". Alega que en su escrito ha relatado hechos que no se encuentran en el auto de procesamiento.
Además también ha reclamado que no comparezcan ante el Tribunal los peritos de Hacienda que elaboraron el demoledor informe que concluye que Fabra habría incurrido en cuatro delitos fiscales, defraudando una cuota total de unos 700.000 euros. Boix ha argumentado que estos peritos "están contaminados" porque no fueron escogidos por el Tribunal, y a su entender tendrían la doble condición de acusación y de expertos, ya que dependían orgánicamente de la Fiscalía Anticorrupción. Los peritos que rechaza Boix fueron admitidos por el juez instructor, Jacobo Pin, y como es habitual, cuando son designados se adscriben al Ministerio Público.
