La juez de Madrid archiva el caso de los ordenadores de Luis Bárcenas

La juez archiva el caso de los ordenadores de Bárcenas. Concluye que el Partido Popular destruyó el contenido de los ordenadores pero que no existe el delito de daños informáticos porque Luis Bárcenas no ha podido acreditas que los equipos fueran suyos.

La juez titular del juzgado número 32 de Madrid, Esperanza Collazos, concluye que el PP destruyó el contenido de los ordenadores, pero sostiene que no existe el delito de daños informáticos porque Bárcenas no ha podido acreditar que los equipos fueran suyos.

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Para la juez, que hace suyo el argumento del fiscal, tampoco puede acusarse al PP de encubrimiento porque todavía no ha sido declarado probado el delito principal que se pretende encubrir.

La juez de Madrid desoye el criterio del juez instructor, Pablo Ruz, que tuvo que inhibirse en ella para esta investigación porque estos delitos no eran de su competencia. Ruz aconsejó la investigación porque era notorio que el PP había destruido el contenido de los ordenadores, que podían albergar información sensible para el caso de la supuesta contabilidad B del Partido Popular, cuando Bárcenas ya estaba imputado.

Además, el PP dijo que destruyó los ordenadores en abril para dárselos a otro empleado, y lo hizo tras el ingreso de Bárcenas en prisión, y nadie más los utilizó.

El caso aún continúa vivo

A pesar del archivo provisional dictado por la titular del juzgado número 32 de Madrid, el caso todavía permanece vivo en los juzgados de Plaza Castilla, porque el juzgado número 49 de la capital, que dirige la juez Josefa Bustos, ha incoado diligencias previas de investigación tras recibir por reparto la querella del Observatori Desc contra el exjefe de seguridad del PP, la exsecretaria de Bárcenas, y el responsable de informática del partido por la destrucción de los ordenadores, de las agendas, y el borrado del libro de visitas del PP.

La juez del 49 dice en su auto notificado ayer que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" y pide al juzgado 32 "previa admisión a trámite de la querella" que le remita una "certificación acreditativa de los hechos" y las "personas que intervienen" en los mismos.

El juzgado 32 tendrá que remitir ahora al 49 el auto de archivo provisional de las actuaciones y la querella de Izquierda Unida que recayó en su juzgado. A partir de entonces, la juez Josefa Bustos decidirá.