Camps se vuelve a burlar de la Justicia

El juez que investiga el fraude del Instituto Nóos, José Castro, tendrá que citar nuevamente a declarar por escrito al expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. La policía judicial de Valencia no lo pudo localizar en su domicilio para que contestara este fin de semana a las decenas de preguntas que hicieron por escrito juez, fiscal y acusaciones. Camps tampoco respondió al mensaje de voz que le dejó la secretaria judicial en el número de móvil que el exdirigente popular había dejado en el juzgado. El expresident de la Generalitat valenciana, tal y como hiciera en la causa de los trajes cuando no acudió a firmar la sentencia de conformidad, vuelve a burlar la Justicia.

Quien fuera el hombre fuerte del Partido Popular y presidente de la Generalitat Valenciana, llamado a suceder a Mariano Rajoy cuando su liderazgo se tambaleaba sigue agrandando su leyenda y en este caso lo hace riéndose de la Justicia. Francisco Camps tendría que haber declarado como testigo y por escrito este fin de semana sobre su presunta relación con los contratos por importe de 3,6 millones de euros que la administración pública valenciana concedió al Instituto Nóos. La policía judicial de Valencia trató de notificarle la citación pero en su domicilio no le localizaron. La secretaria judicial llamó al número de móvil que facilitó al juzgado y le dejó un mensaje pero nadie respondió. Ahora Camps ha dicho en las páginas de ABC que estuvo en su casa todo el fin de semana.

El juez José Castro volverá a citarle de nuevo, después de que ya hayan prestado declaración como testigos la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el exconseller de economía, Gerardo Camps. Ambos descargaron toda la responsabilidad de contratar con Iñaki Urdangarin en sus subordinados. Barberá señaló a Alfonso Grau, responsable de la Fundación Turismo Convención Bureau y Camps a los exdirectores generales de la otra sociedad a través de la que se canalizaron las adjudicaciones al Instituto Nóos, Cacsa. Fuentes jurídicas, consultadas por la Cadena SER, dan por seguro que alguno de los afectados solicitará la práctica de nuevas diligencias, entregará documentación o pedirá algún interrogatorio para evitar acabar como chivos expiatorios.